Desabasto de gasolina: preguntas sin respuesta

           A la memoria de Ignacio Lapuente.

En el ejercicio del servicio público, las políticas y estrategias de gobierno se deben construir y ejercer en público; se deben argumentar y razonar. El ejercicio de gobierno no se funda en dogmas o actos de fe, sino en la argumentación pública. La herramienta más poderosa de una democracia es la palabra que se defiende en público; renunciar a ella significa tanto como vaciar de contenido a la democracia.

En medio de la crisis de desabasto de combustible y de la estrategia de combate al huachicoleo, el gobierno federal ha pedido confianza, sin ofrecer información oportuna y veraz; ha pedido paciencia, sin argumentar y razonar su estrategia. Una crisis no puede tratarse así. El gobierno pide actos de fe, los mexicanos esperan evidencias y respuestas. Que el Presidente ofrezca ruedas de prensa todos los días, aunque ayuda, no constituye un ejercicio de rendición de cuentas eficaz y veraz.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer a los titulares de la Secretaría de Energía, de Pemex, de la Secretaría de Hacienda y de la Profeco, precisamente para conocer los alcances, características y derroteros de la estrategia de combate al huachicoleo, pero los funcionarios cancelaron la reunión. Esta es una postura inaceptable que ni siquiera gobiernos anteriores, caracterizados por la opacidad, realizaban. Es una postura que sienta un pésimo precedente frente a futuros temas que también deberían discutirse públicamente, y es una desafortunada señal de la falta de argumentos en torno a la crisis que ha vivido el país durante los últimos días.

Los mexicanos quieren saber qué factores ocasionaron el desabasto de gasolina en el país. El gobierno debe explicar y comprobar qué sucedió con las importaciones de combustible durante los últimos meses del año; debe explicar qué sucedió con los buques que esperaban autorización de Pemex para descargar gasolina.

El gobierno tiene que explicar en qué etapa van las investigaciones penales en contra de los responsables de estos delitos y cuál es la estrategia jurídica para combatirlos, porque, mientras los funcionarios hablan de robo de hidrocarburos, el Presidente habla de otros delitos, como el sabotaje. ¿Existe una estrategia jurídica unificada para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes están cometiendo estos delitos?

El gobierno tiene que explicar el impacto presupuestal de su estrategia de combate al huachicoleo, ¿de dónde se obtienen las estimaciones de un ahorro de dos mil 500 millones de pesos?, ¿cuánto cuesta el esquema de distribución de combustibles a través de pipas?, ¿cuánto se va a invertir en salvaguardar las instalaciones de Pemex para enfrentar este problema?, ¿cuánto le está costando al país, en términos de pérdidas económicas para los sectores productivos, esta estrategia?

El gobierno tiene la obligación de decirnos cuándo y cómo se terminará esta crisis, cuándo y cómo se normalizará el abasto de gasolina en el país. Nadie le pide al gobierno que sea adivino, pero sí que tenga una ruta crítica clara de cómo va a ejecutar su estrategia y cómo dará solución al problema que pretende enfrentar.

Estas y muchas otras preguntas no tienen respuesta porque los funcionarios del gobierno federal no han querido rendir cuentas, y mientras el Presidente de la República sale a justificarlos, sólo nos ofrece información a cuentagotas.

Esperamos que, tarde o temprano, el Presidente deje de solapar la incompetencia de su equipo y ofrezca a los ciudadanos explicaciones, evidencias y argumentos sobre las decisiones que está tomando como Presidente de todos los mexicanos.

                *Senador de la República por Jalisco

                y coordinador nacional

                de Movimiento Ciudadano