Atacar las islas de corrupción

Los procesos de adquisiciones y asignación de obra pública en México han sido islas de corrupción y opacidad. Estas islas hoy están fortificadas porque las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno se han vuelto muy innovadoras, pero en la forma en que evaden los procesos de licitaciones públicas y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en estos procedimientos. 

Entre las innovaciones más destacadas de los últimos años, se cuentan las complejas redes de empresas fantasma en estados como Veracruz; las compras mediante una sofisticada triangulación de recursos para desviar dinero público, como la Estafa Maestra; o los esquemas y estructuras de colusión en los procedimientos de invitación restringida, el ganador del contrato está previamente determinado.

Una de las últimas innovaciones la aportó el Congreso de Tabasco, que aprobó una reforma para evitar, mediante procedimientos “abreviados”, las licitaciones públicas, con el pretexto de agilizar la ejecución de “proyectos estratégicos”. La resistencia a realizar licitaciones públicas y procedimientos de adquisiciones y asignación de obras públicas transparentes no es nueva en México y no distingue colores partidistas, y precisamente por ello, lo que debemos atender son los problemas estructurales en la legislación.

Por esa razón, esta semana en el Senado de la República presenté dos iniciativas de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Estas reformas, planteadas por Movimiento Ciudadano, tienen como objetivo central convertir a la licitación pública en la regla, y no en la excepción, de los procedimientos de adquisiciones y asignación de obras públicas, eliminando las excusas que hoy plantea la ley y estableciendo que sólo podrán asignarse directamente o por invitación el 20% de los contratos cuando así se requiera por causas justificadas.

Además, estas reformas plantean, por un lado, suprimir las disposiciones que hoy permiten la triangulación de compras, como la Estafa Maestra; y por otro lado, generar mecanismos efectivos para combatir y desmantelar las empresas fantasma, mediante lineamientos obligatorios para los entes públicos.

Esta reforma también propone fortalecer y empoderar al Sistema Nacional Anticorrupción, en particular a su Comité de Participación Ciudadana, porque ésta es la ruta correcta para empezar a desmontar las redes de corrupción y complicidad enquistadas en las instituciones públicas. Las reformas también proponen lineamientos en materia de transparencia, de supervisión de las obras públicas, de participación ciudadana mediante la figura de testigos sociales y de combate a la colusión, entre muchos otros.

La capacidad para enfrentar estas dos islas de corrupción no depende de la buena voluntad, depende del andamiaje institucional. Por ello, estoy convencido de que una de las grandes tareas del Poder Legislativo, de cara al inicio de la próxima administración federal, es la de sacar adelante instrumentos efectivos de combate a la corrupción en las compras gubernamentales y en las obras públicas, porque ésa es la ruta correcta para combatir la colusión, el desvío de recursos, la opacidad y la discrecionalidad.

*Senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano.