Asedio a la política anticorrupción

El combate a la corrupción es una de las exigencias más profundas de los mexicanos y uno de los grandes temas a atender por parte de todas las instituciones públicas del país. En esta responsabilidad, ninguna instancia de los poderes públicos puede ser ajena; el mensaje de los ciudadanos es claro: ni perdón ni olvido.

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el domingo pasado, distintos actores públicos y de la sociedad civil manifestaron sus visiones y posturas en torno a la construcción de las políticas de combate a la corrupción en México.

En este contexto, hay distintas preocupaciones que vale la pena poner sobre la mesa. La primera de ellas es lo que pareciera ser una guerra silenciosa contra la política nacional de combate a la corrupción. Algunos episodios que evidencian esta especie de guerra fría son: la iniciativa presentada por Morena en el Senado de la República para disminuir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus salas especializadas en responsabilidades administrativas; o las reformas ya vigentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear instancias paralelas de investigación y fiscalización, sometidas al mando del titular del Ejecutivo, llamadas “comisiones presidenciales”.

En esta guerra silenciosa también se inscriben las reformas a la misma Ley Orgánica para reducir las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, a la que se le arrebató su facultad de conducir la política nacional de adquisiciones, para pasarla a la Secretaría de Hacienda, y su facultad para conducir la política de gobierno digital, que pasó a la Oficina de la Presidencia.

En este recuento, tampoco se puede dejar de mencionar la imposición de una Fiscalía no autónoma mediante una reforma que no satisface los requisitos de independencia, imparcialidad y eficacia; ni tampoco los obstáculos que ha puesto la mayoría de Morena para aprobar la minuta para eliminar el fuero de los servidores públicos.

Lo preocupante es que esta guerra silenciosa contra la política anticorrupción, impulsada por la mayoría legislativa, también ha venido acompañada de inconsistencias y contradicciones por parte de quienes han asumido la conducción del Poder Ejecutivo. Primero, el Presidente de la República anunció, en su primer discurso ante la nación, que instruirá a la Fiscalía General (¿autónoma?) para que no investigue los actos de corrupción del pasado. Y, por su parte, la recientemente designada secretaria de la Función Pública, en su primer pronunciamiento oficial, presentó un esbozo muy general y limitado en torno a las políticas que impulsará durante su gestión, sin especificar acciones concretas.

Todas estas acciones y omisiones resultan preocupantes porque no podemos observarlas de manera aislada, no podemos creer que son casuales; detrás de ellas pareciera incubarse una visión en la que las instituciones de combate a la corrupción no importan. Por ello, hoy es tan relevante el papel de las oposiciones y de la sociedad civil organizada, para hacer escuchar las exigencias y demandas de los mexicanos en uno de los temas de mayor trascendencia para el presente y futuro de México.

           *Senador de la República

                de Movimiento Ciudadano por Jalisco.