¿El gobierno de Jalisco vs. el interés público?

A principios de 2013, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, envió por Twitter un mensaje sobre la presa El Zapotillo, que durante años habían esperado los jaliscienses: “Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín”.

Cuatro años después, el gobernador cambió de postura y otorgó su visto bueno a la presa El Zapotillo, un proyecto que ha estado rodeado de irregularidades y de opacidad, pero que además implica dos acciones que afectan directamente los intereses de Jalisco: 1) la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y su consiguiente desplazamiento forzado; y 2) el trasvase de agua a León, atentando contra los derechos de agua y los caudales del río Verde reservados para Los Altos de Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara, y la consiguiente afectación a la productividad agropecuaria de la región de Los Altos.

Es cierto que este despojo se remonta al año 2005, cuando los gobiernos Federal, de Jalisco y Guanajuato firmaron el convenio de construcción de la presa y acordaron una nueva distribución de los caudales de agua que afectaba a Jalisco; y que también se remonta al año 2007, cuando se firmó un nuevo convenio para elevar la altura de la cortina de la presa a 105 metros, lo que implica la inundación de los pueblos mencionados, y que hoy es objeto de una suspensión por parte de la SCJN.

Pero también es cierto que el gobernador de Jalisco decidió no emprender ninguna acción institucional para hacerle frente a estas decisiones que atentan contra los intereses de los jaliscienses. Independientemente de sus tuits, en términos reales decidió poner su responsabilidad política al servicio de los intereses del gobierno federal. Para legitimar esta posición, el gobierno estatal contrató un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), mismo que ha sido severamente cuestionado por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco por considerarlo insuficiente, y por la Universidad de Guadalajara, porque fue contratado sólo “para determinar la altura de la cortina […] y no evalúa las alternativas”. Adicionalmente, dicho estudio no entra al fondo de la problemática de la gestión del agua del río Verde ni tampoco analiza el costo-beneficio que tendrá esta presa desde el punto de vista de la sustentabilidad y la productividad en Los Altos de Jalisco.

El sinsentido en la postura del gobernador se refleja en sus declaraciones: por un lado, defiende El Zapotillo, y por el otro, dice que pedirá a la Conagua la revisión de los caudales de agua reservados para Jalisco y Guanajuato. Es decir, da su anuencia a un proyecto que sabe perjudicará a los jaliscienses y del que no se han demostrado sus beneficios. Nadie niega que la situación es compleja, pero lo menos que se espera de un gobierno es que hable con honestidad y reconozca los atropellos a los intereses de los jaliscienses; para empezar, el desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y la renuncia a defender los derechos de agua reservados para Jalisco y la integridad de su territorio. El caso de la presa de El Zapotillo debe ser investigado. Llama la atención que los últimos tres gobernadores hubieran tomado decisiones que a todas luces atentan contra el interés público de los jaliscienses, la integridad del territorio de los Altos de Jalisco y se enmarcan en posibles conflictos de interés, acompañados de procedimientos plagados de irregularidades durante el desarrollo de la presa El Zapotillo y del acueducto El Zapotillo-León.

Quienes están tomando decisiones en nombre del estado deben rendir cuentas a los jaliscienses y dejar muy en claro qué intereses están defendiendo.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.