Derechos humanos: oportunidades perdidas

La grave crisis de derechos humanos que padece México se ha caracterizado no sólo por la incapacidad del Estado para admitirla y enfrentarla, sino también por desaprovechar las oportunidades de corregir el rumbo.

Hace unos días el Observatorio Nacional Ciudadano reportó que la violencia y los crímenes ocurridos en el primer trimestre de 2017 han sido los más graves en veinte años, en tanto que estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que sólo entre enero y abril de este año se registraron 7 mil 727 homicidios dolosos, lo que es la cifra más alta para un primer cuatrimestre de que se tenga registro. Ante esto se sigue perdiendo la oportunidad de reencauzar la política de seguridad y se sigue apostando a las mismas fórmulas que dieron paso a esta crisis.

A lo anterior debemos añadir la indolencia sistemática por parte de las autoridades, pues su actuación en la investigación de estos casos ha sido cuando menos errática e ineficaz. Así, sobre el lacerante caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno mexicano no sólo rechazó los informes y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que decidió emprender una guerra de descalificaciones para desacreditar a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH.

De la misma manera, las evasivas del gobierno federal para dar la cara sobre las denuncias de espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos muestran una vez más a un Gobierno indispuesto a admitir sus errores e intentar repararlos, y confirman lo que la bancada de los diputados ciudadanos hemos advertido desde septiembre de 2015: la falta de reconocimiento del gobierno federal sobre el nivel alcanzado por la crisis de derechos humanos y un desdén preocupante hacia las recomendaciones de los principales organismos internacionales de derechos humanos.

Esta profundización, de lo que tanto la CIDH como la ONU llaman una “grave crisis de derechos humanos”, exige del gobierno federal altura de miras para responder de manera puntual a los mexicanos y para reencauzar el diálogo necesario que nuestro país debe mantener con los organismos internacionales de derechos humanos, en un marco de respeto y de seguimiento a sus recomendaciones.

Ante ello, contrasta el hecho de que hace unos días el gobierno de México propusiera como integrante de la CIDH a un perfil cuestionado por organizaciones civiles, sin un proceso de consulta adecuado, y quien en su momento rechazó los informes y recomendaciones de la propia CIDH sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Son esta clase de señales, a las que se suman las constantes violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional, las que continúan evidenciando a un gobierno de la República que no está dispuesto a corregir el rumbo y aprovechar las oportunidades que se le presentan.

                *Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.