¿Qué falta?

Los pendientes se han acumulado. Los años de capotear el fenómeno, sólo agravaron y agraviaron a quienes clamaban por ayuda. La Secretaría de Gobernación, en voz de su titular, dijo con firmeza que quien no trabaje para apoyar investigaciones, trámites, urgencias, que se vaya.

Importante mensaje de solidaridad y apoyo para las familias que llevan años viendo la indolencia, la negligencia y la indiferencia de fiscalías locales. Pero, ¿cómo creerle, si ella fue secretaria de Seguridad hace sólo algunos meses y nunca pronunció una palabra para buscar a las personas desaparecidas? Esperemos que, en las mesas de trabajo con los colectivos, ellos la hayan sensibilizado y que la Presidenta reitere que son prioridad en su gobierno.

En Hacienda tendrán que hacer cuentas para que no salgan con cuentos y dotar de presupuesto suficiente a las acciones acordadas. Esta es una prioridad y así hay que atenderla.

La Fiscalía General tiene el compromiso de entregar un informe final sobre el rancho Izaguirre. Según afirmó el fiscal, la UNAM está colaborando para determinar si en ese lugar hubo cremación de personas, asesinatos o cualquier mecanismo para desaparecer seres humanos. Surgen dudas cuando a pocos días de atraer el caso, se publicó un aviso, solicitando antropólogos forenses para trabajar en él. Es decir, los primeros trabajos de localización no fueron hechos con personal experto en estos menesteres.

Sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas, el clamor es unánime: “El que no trabaje, que se vaya”. La señora Piedra no asistió a las reuniones con los colectivos, y ante el pronunciamiento de la ONU, muy ¿firme? aseguró que “la posición del Comité de la ONU está “descontextualizada” sobre la crisis de desapariciones que enfrenta México”. Quizá, su confusión mental es de tal tamaño, que la descontextualizada es ella.

Las cámaras de Diputados y de Senadores tendrán que ponerse a trabajar en serio. Rosa Icela, “les hemos hablado sobre el decreto presidencial para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas (…), donde se subraya el derecho de una persona desaparecida a ser buscada y también a los familiares el derecho a participar en las búsquedas y a tener información”.

Un reto mayúsculo será para los nuevos jueces ante las personas detenidas en el rancho Izaguirre, Teocaltiche o en otros lugares similares. Si se comprueba que fueron secuestrados y obligados a cometer delitos graves, ¿cómo sentenciarlos? ¿No sería conveniente iniciar la discusión interrumpida hace años sobre Justicia Transicional Restaurativa (JT)?

El CIDE elaboró un muy importante documento, en el que señala: “En el contexto actual, resulta pertinente considerar el uso de un enfoque de JT con el objeto de contribuir a atender las consecuencias de la violencia de gran escala que ha vivido el país desde 2006. Sin embargo, conviene tener en cuenta dos elementos. Primero, el contexto específico de México en el que la violencia tiene un componente criminal que sigue vivo.

Segundo, que la JT supone una decisión política que debe tener dos componentes. Por un lado, un diseño que permita articular las diferentes herramientas de manera coherente y complementaria con base en las especificidades y contextos regionales y poblacionales. Por otro, que tendría que ser acompañada de otras medidas y políticas prospectivas que atiendan las causas estructurales de la violencia (pobreza, corrupción, impunidad, debilidad institucional, nueva política de drogas, entre otras). La JT, por sí misma, no puede resolver el problema de la violencia en el país”. Esto, escrito antes de la pésima reforma judicial.

(https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/Estudio_J...).