Queremos fiscalas

           En memoria de las niñas, niños,

           hombres y mujeres que ya no están.

           “¡Ay, dura ley de ausencia!”

           Sor Juana Inés.

Quienes más lejos estamos del acceso a la justicia para defender nuestros derechos somos las mujeres, más de la mitad de la población, y hasta hoy somos quienes mejor hemos entendido cómo juzgar con perspectiva de género. Esta forma de entender la justicia ubica los conflictos en el contexto de desigualdad estructural que vivimos las mexicanas, y prueba más contundente que el horroroso número de feminicidios y de Alertas de Violencia de Género basta para corroborarlo.

Sabemos que la impartición de justicia está sesgada por la terquedad de estereotipos y prejuicios contra las mujeres, y ya lo dijo Einstein, “es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. La página web Justicia y Género afirma que al juzgar con perspectiva de género “no se trata de favorecer a las mujeres, sino de romper con las prácticas discriminatorias y sexistas”. Requerimos una mujer para este puesto.

En cuanto a una Fiscala Anticorrupción, como dice María Amparo Casar en Anatomía de la corrupción, “los niveles de percepción de la corrupción en México son alarmantes y los intentos para reducirlos han sido un fracaso”. Se ha discutido si el género tiene algún impacto en la práctica del delito. Hay una tendencia a creer que, por el simple hecho de ser mujer, se está ante la personificación de la moral. La conclusión de las investigaciones es contundente. No. No hay esencias. La honestidad e integridad no son virtudes propias ni de hombres ni de mujeres. Lo más importante es, otra vez, el contexto. Y lo que sí se ha demostrado es que “a mayor presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones en instituciones y concejos, menos severa es la corrupción y se registran menos sobornos”.

Hay que tener presente que “la mayor participación de las mujeres en la política no es sólo una cuestión instrumental, sino también un principio fundamental que hace a la calidad de la gobernabilidad democrática, con plena inclusión y reconocimiento de los derechos de toda la población”. María Amparo recuerda que “La corrupción alcanza el nivel de norma social: de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o a los amigos es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual”. El estudio de Ageberg, Sundström y Wängnerud (2014) contiene datos duros que demuestran que entre más mujeres hay en cargos de toma de decisiones, menos actos corruptos se producen. Una diferencia que apuntan Frank, Lambsdorff y Boehm es que las “Las mujeres frustran antes los planes corruptos. No se fían tanto de sus compinches”. O sea, son más listas.

Sorprende mucho que temas como la extorsión y la explotación sexual, que afectan especialmente a las mujeres, no estén incluidas en las normativas nacionales ni internacionales anticorrupción como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, o la regional como la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Dice Julie T. Katzman: “Mientras que la información sobre género y corrupción puede ser ambigua, los beneficios generales de la diversidad de género no lo son. En el sector privado se observan mayores tasas de rentabilidad, menores posibilidades de bancarrota y otros indicadores similares de desempeño positivo. En el sector público, la evidencia indica que la presencia de mujeres en cargos electivos mejora la asignación de recursos públicos e incrementa las probabilidades de que los intereses de las mujeres y los niños se vean representados entre las prioridades legislativas”. Y sólo por esto, debemos impulsar que sean fiscalas quienes ocupen estos cargos.