¡Que se discuta!

Hace 8 años, en diciembre de 2013, en el denominado “año de las reformas", legisladores de la mayoría de los partidos políticos (fundamentalmente del PRIAN), aprobaron la reforma energética, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Una reforma que avanzó con rapidez, sin discusión, en una sede alterna y con la protesta de miles de personas afuera de los recintos legislativos.

La reforma energética fue una de las que incluía el pacto de la élite política denominado Pacto por México, donde, prácticamente los partidos que decían ser diferentes, pactaron aprobar una serie de reformas regresivas, con rechazo popular y en beneficio de unas cuántas personas. A la distancia, hoy se comprueba lo dicho entonces por los críticos de ese pacto: PRI, PAN y PRD son lo mismo, representan los mismos intereses y hacen política con las mismas prácticas.

Con el paso del tiempo, se conoce —quizás no tanto como merezca la opinión pública—, que la aprobación de la reforma energética además de significar una traición a la soberanía nacional y a la patria, fue resultado de que legisladores recibieron moches a través del ya eliminado Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se aprobaba en la Cámara de Diputados, y sobornos expresados a través de bonos extraordinarios en el Senado.

También se sabe que los más altos ejecutivos de la empresa Odebrecht cabildearon a favor de esta reforma y que, de hecho, en la red de sobornos para éste y otros temas, estarían implicados Emilio Lozoya (exdirector de Pemex), Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía en ese momento.

Según diversas y serias investigaciones periodísticas, la fecha de aprobación de dicha reforma, coincide con la fecha de la transferencia de 1 millón 480 mil dólares del ahora ubicado departamento de sobornos de Odebrecht a la cuenta ligada a Lozoya en el Neue Bank de Liechtenstein.

Cada que una se adentra a la reforma aprobada en 2013 y a sus efectos, parece increíble que nuestro país haya sido representado por legisladores tan traidores y vendepatrias; quizás desde la benevolencia se podría pensar que algunos legisladores ni siquiera sabían lo que estaban votando, pero lo que es un hecho es que el dinero destinado a diputados y senadores, era tan sólo una inversión mínima para la gran robadera que se venía, para el negociazo que tendrían un par de ladrones extranjeros encubiertos de empresas y fingiendo que invertían en energías limpias.

Para el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador no es un tema nuevo, pues fue el principal opositor a dicha reforma y a la política entreguista que durante décadas zopiloteó las empresas estatales y los intereses de México. Por eso, en septiembre del año pasado, envió una propuesta de reforma eléctrica que no sólo pone orden al desastre financiado, sino que además de recuperar la soberanía nacional y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, le apuesta al futuro, a la transición energética y a las energías limpias.

Es claro que los tiempos han cambiado y hoy la mayoría legislativa está en manos de auténticos representantes del pueblo y no de intereses económicos de una minoría, por eso, la mayoría legislativa de morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, en común acuerdo con las demás fuerzas políticas, han dicho “¡que se discuta!”.

Esta vez estamos ante la posibilidad de tener una gran discusión pública sobre la propuesta del Ejecutivo; las y los diputados de la 4T están realizando foros en cada uno de los distritos que representan para dar a conocer el contenido de la reforma eléctrica. El lunes inició el Parlamento Abierto que, hasta el 15 de febrero, escuchará diversos puntos de vista sobre la misma. Esta reforma no se discutirá en sedes alternas ni en lo oscurito ni habrá moches ni dinero de por medio.

Desde la óptica de la que escribe, después de una gran discusión pública, sólo habrá dos posiciones: votar a favor de los intereses de la nación o votar del lado de los intereses corruptos de empresas extranjeras.