El PAN defiende a un criminal

Esta parte de la historia de la realidad mexicana se resume así: presidente impuesto por intereses económicos, pacto contra México conformado por la élite política para hacer negocios, legisladores votando en contra de los intereses de la patria, motivados por sobornos; la detención de Emilio Lozoya en septiembre de 2020, una denuncia contra el gobernador García Cabeza de Vaca basada en investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, fortuna millonaria inexplicable y decenas de propiedades con prestanombres. 302 votos de Morena y sus aliados a favor del desafuero del panista, 134 en contra (PRIANRD) y el PAN defendiendo a un criminal.

La hipocresía del PAN es una característica que no sorprende; son de doble moral y, para ellos, la política se redujo a un espectáculo. Por eso lucran con temas tan sensibles como las medicinas y las personas con cáncer, y también los miramos desgarrándose las vestiduras por causas que nunca antes habían adoptado —en las que no creen ni entienden, como la feminista.

Son ruidosos para confrontar políticamente al actual gobierno y tergiversar cualquier acto que realiza, pero, sospechosamente, silenciosos para asumir con firmeza la lucha contra la impunidad y la corrupción. Callaron ante la falsa guerra contra el narcotráfico de Fox y de Calderón, guardaron silencio frente a los miles de delitos de lesa humanidad cometidos durante el panismo y ahora defienden con pasión a un criminal.

Afortunadamente para nuestra democracia, va quedando claro que el PAN es un partido que fomenta el estado criminal y delincuencial, pues después de engañar a un sector de la población mexicana diciendo que eran una alternativa al PRI, hoy se sabe que representan la misma visión de país y que siempre actuaron con complicidad. En su desesperación por sobrevivir políticamente, se quitan la máscara y hasta se presentarán juntos en la boleta electoral.

En 2012, después del regreso del PRI, lo primero que hicieron fue firmar el mal llamado Pacto por México convocado por Enrique Peña Nieto; un pacto neoliberal que puso en riesgo nuestros derechos laborales y soberanía energética, que atentó contra el empleo de docentes y fortaleció a los grandes monopolios mediáticos, entre otros agravios a las mayorías. Como todo fin en la política del despojo, se repartieron intereses y negocios; uno de ellos, la reforma energética.

Tras la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se reveló que se pagaron 52 millones 380 mil pesos a los entonces legisladores del PAN para aprobar ésta y otras reformas. García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, actuales gobernadores de Tamaulipas y de Querétaro, respectivamente, así como Jorge Luis Lavalle Maury, eran senadores entonces.

Lozoya, acusado de recibir por parte de la constructora brasileña Odebrecht 10.5 millones de dólares en sobornos, tras su detención en España y extradición a México, señaló que Peña Nieto lo nombró enlace para construir esta red de sobornos junto a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda. Lavalle Maury es el primero en pisar la cárcel por este desfalco a la nación, detenido hace unos días por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Ahora, García Cabeza de Vaca debe enfrentarse a la justicia, por eso se promovió su desafuero. Pero en el PAN intentan minimizar el tema y alegan “persecución política”, a pesar de las acusaciones serias por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como de hacer negocios con la empresa española Acciona Energía, socia de Odebrecht, investigada y sancionada por actos de corrupción en países de América Latina y Europa. Pues resulta que una compañía mexicana vinculada al panista —Enerxiza Wind— se asoció con Acciona Energía y, a través del tráfico de influencias, en 2016 ganó una licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo. Después de construirlo con presupuesto público, se le vendió nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La sociedad mexicana no puede perder de vista este caso ni pasar por alto el silencio cómplice de la vieja clase política, porque la corrupción jamás debe normalizarse y mucho menos la impunidad.