Dignificar la política

Gobernar implica tomar decisiones para cambiar y mejorar vidas.

El noble oficio de la política ha sido profundamente desgastada y convertida en una práctica con mala fama. Lamentablemente, un sector de la ciudadanía ha renunciado a hacer política creyendo que practicarla es necesariamente pertenecer a un partido o una garantía de corrupción.

Sin duda, en la historia de la humanidad, el comportamiento político de muchas personas en posibilidad de tomar decisiones ha sido deleznable, traidor y corrupto, sin embargo, la política en su más amplio sentido debe ser una herramienta para transformar y mejorar la vida de la mayoría.

Para las personas más escépticas, dicha afirmación es una utopía o una ingenuidad, para las más idealistas, pero realistas, el quehacer político y público debe aspirar a la felicidad de las personas y debe realizarse con honestidad y compromiso social.

Claro que la felicidad es subjetiva, pero cualquier habitante de este planeta que tenga garantizados sus derechos más básicos y el acceso a servicios que le permiten desarrollar plenamente su vida cotidiana podría sin duda sentirse en paz, satisfecho y con un bienestar muy cercano a la felicidad.

Es una cadena. si una persona cuenta con una vivienda digna y un empleo con salario justo y suficiente podrá cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y servicios; si una persona cuenta con sus necesidades básicas cubiertas y en tiempos de enfermedad puede acceder a un servicio de salud gratuito y de calidad podrá acceder a una educación de calidad y especializarse en lo que le motive y permita desarrollar sus aptitudes; si al final de su vida cuenta con una pensión o jubilación bien merecida por sus años de trabajo para disfrutar la última etapa de su existencia, si puede vivir, convivir en sociedad y transitar en paz, sin miedo ni inseguridad, sin duda contaría con todas las condiciones para bien vivir y estar bien.

Lamentablemente mucho de los malestares de las personas se originan, se agudizan o se perpetúan por los malos gobiernos y sus decisiones tomadas por ambición al poder y amor al dinero —ajeno—. Por supuesto, para los neoliberales todo lo que planteo y lo que desde mi concepción ideológica debería ser un derecho (educación gratuita, servicio de salud para todos y medicinas gratuitas, etcétera) tendría que estar privatizado o tenerlo sólo quienes puedan pagarlo.

Gobernar implica tomar decisiones para cambiar y mejorar vidas; quizás a veces no lo dimensionamos, pero mal gobernar, por el contrario, agudiza las problemáticas de las personas, incluso pone en riesgo sus vidas.

Por eso, la política debe ser un asunto de todas y de todos; creer que “el cambio está en uno mismo” es dejarle un cheque en blanco a quien o quienes toman decisiones con impacto para la colectividad. Afirmar que “el gobierno siempre roba” o que “nunca nada va a cambiar” es renunciar a nuestra capacidad como personas en sociedad de conquistar nuestra felicidad; la propia y la colectiva.

Sostengo, incluso, que quienes promueven el “todos son iguales" buscan que renunciemos a la responsabilidad político-social que tenemos de conquistar mejores gobiernos y, por lo tanto mejores vidas; buscan alejar a las mayorías de la toma de decisiones —para que sólo un pequeño grupo de personas las tome— y combatir la esperanza con la resignación para que pensemos sólo —y solos— en sobrevivir.

Pero no, no somos iguales y no todos los gobiernos llegan para robar. Un ejemplo que inspira, enorgullece y motiva —no porque sea el único, sino por la claridad del contraste—, es la transición de la llamada “ciudad perdida” a “ciudad de bienestar” en Tacubaya, Miguel Hidalgo.

En lo que durante 80 años fue nombrada despectivamente “ciudad perdida”, el gobierno de Claudia Sheinbaum con una inversión de 110 millones acaba de entregar vivienda a 185 familias que parecían condenadas a vivir en la precariedad e invisibilidad. De haber dejado ganar a la resignación y no buscar la dignificación de la política no se hubiera logrado transformar la vida de estas familias y hubiera continuado —como en el último gobierno— el beneficio de unos cuantos, por medio de la corrupción, y casos como el exfuncionario detenido por desviar 1,000 millones de pesos seguirían en la impunidad.

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