Tres minutos después de que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Acordeón, vinculara a proceso al exgobernador Ernesto Ruffo y ordenara su reclusión en el penal de alta seguridad del Altiplano, el defensor Fernando Gómez Mont me dijo que no esperaban un resultado distinto: “Así funcionan estos asuntos de alto perfil. Creemos que es un abuso que una persona acusada de un asunto fundamentalmente patrimonial esté en un centro de reclusión de máxima seguridad en condiciones inhumanas. Es un exceso de fuerza injustificable”.
Ruffo tendrá que defenderse desde la cárcel, quizá por años. Que se demuestre o no su culpabilidad por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos pasa a ser un asunto secundario en un proceso que, por lo visto, durará lo que el régimen requiera.
La decisión coincide con el segundo año de la extracción de El Mayo Zambada, quien afirmó que, ese 25 de julio de 2024, se dirigía a una reunión en la que hablaría, entre otros, con el gobernador Rocha.
El régimen de la 4T no se ha esforzado por desmentir esa versión. Desde entonces, Sinaloa acumula cerca de 3 mil asesinatos y mil 800 personas desaparecidas. Alrededor de 13 mil soldados y guardias nacionales intentan hoy impedir que la situación se agrave. Y cuidan —aunque digan que no— a Rocha y a su grupo, libres por la gracia de la 4T, tan feroz contra Ruffo.