Tengan para que aprendan

Un adelanto de lo que será la reforma electoral que se cocina en Presidencia es el procedimiento administrativo contra tres  exconsejeros electorales y tres consejeros y consejeras en activo para sancionarlos retroactivamente por hacer su trabajo. Se trata, en el primer caso, de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Roberto Ruiz y, en el segundo, de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, cuyo ejercicio vence en abril. Ni en la demolición del Poder Judicial o en la degradación del juicio de amparo se transparenta de forma tan nítida la intención de someter a funcionarios electorales cuyas responsabilidades exigen juicios razonados y especializados, pero, sobre todo, de autonomía e independencia, a castigos ejemplares, amenazas para acabar con sus carreras profesionales, la extinción de sus derechos políticos o someterlos a penurias económicas extremas. ¿Por qué? Por hacer lo que les manda la ley..

El artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato ordena al INE que para la celebración de la jornada electoral correspondiente: “El Instituto deberá habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior…”, es decir, por lo menos el mismo número de casillas que se utilizaron en las elecciones legislativas de 2021. Como la Cámara de Diputados no amplió el presupuesto del INE para cubrir este proceso, los seis consejeros mencionados propusieron y ganaron la votación en el Consejo General, que el proceso de revocación de mandato se pospusiera temporalmente hasta que se pudieran obtener los fondos extra necesarios para cumplir con lo establecido por la ley. Fueron demandados, pero llevaron el dilema hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En diciembre, la Corte les dio la razón, pero les ordenó que hicieran lo que pudieran con los recursos que tenían. Ese mismo diciembre de 2021, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, en ese entonces presidente de la Cámara, denunció a los consejeros por “abuso de su función”.  

La demanda de Gutiérrez Luna quedó, digamos, sin motivo, porque el proceso electoral para la revocación de mandato no se pospuso, sino que se celebró en abril de 2022, por cierto, con menos de la mitad de las casillas que las utilizadas en 2021. 

En medio del proceso de consultas sobre una inminente reforma electoral, es decir, cuatro años después de aquel diciembre, el órgano Interno de Control (OIC) del INE reactiva la investigación solicitada por Gutiérrez Luna contra las seis consejerías, cinco de las cuales se han distinguido por tener un criterio independiente al de cualquier gobierno en turno y tres significativamente votaron en contra de ese robo en despoblado que fue y es la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. En este caso, quien sí abusa de su función es el titular del OIC, que no puede sancionar a los consejeros y consejeras por decisiones tomadas en materia electoral.

Independientemente de que, eventualmente, el Tribunal de Justicia Administrativa —donde está radicada la investigación porque el OIC calificó de grave el supuesto abuso— le de palo a la investigación por ser notoriamente improcedente o adopte el papel de verdugo demandando la inhabilitación de hasta 20 años de los seis personajes, los multe, lastime su reputación, etcétera, el mensaje es claro: en materia electoral no se admitirá una institución que pueda siquiera tener una pátina de autonomía ni decisiones que contradigan la política oficial del gobierno. 

Como bien dijera la magistrada en retiro Janine Otálora, “podría llegarse al extremo de validar implícitamente que con cada decisión del INE que sea revocada por el TEPJF, se encontraría una causa para presumir responsabilidad administrativa grave de sus integrantes y con ello habilitar una herramienta que vulnere los principios de imparcialidad e independencia”.

¿Con qué libertad y autonomía podrá preparar su voto una consejera o consejero si como espada de Damocles pende la amenaza de demandarlo varios años después por una decisión que incomode al gobierno? ¿Podrá analizar los méritos inherentes a la materia que está examinando haciendo uso de su bagaje intelectual y experiencia o este caso ominoso de #LosSeisValientes lo obligará a autocensurarse para preservar su carrera, no ser expuesto al escarnio público y poder sobrevivir en un entorno en el que el partido en el poder lo controla todo, todo?