Por un resabio de la cultura centralista que nos empapa, la mayoría de analistas ha hecho una breve mención, un resquiat in pace, al federalismo y al municipio libre que pretende desnaturalizar el Plan B y se han centrado en el tema de la revocación de mandato. Se entiende, la reforma a esta última figura permitiría a la presidenta Sheinbaum participar en la boleta en las elecciones de 2027 y maximizaría la inequidad en la contienda electoral. ¡Ojo!: la insistencia en la participación presidencial es también una confesión, las encuestas hablan de un importante desgaste de Morena. Temen, y con razón, un 2021 vitaminado.
Es inútil debatir qué es peor en la propuesta claudista. Sólo apunto a que mientras que lo relativo a la revocación de mandato es por una sola ocasión (en 2027 o 2028), la intención de debilitar el federalismo y hacer burla del carácter libre del municipio es un daño permanente, pues el Aquí Sólo Manda el Centro de la Presidenta quedaría inscrito en la Constitución.
Un destacado colega, José Julio Aquino, presidente municipal en dos ocasiones de Santa María Xoxocotlán, municipio que alberga el aeropuerto de Oaxaca y Monte Albán, me hace llegar las observaciones del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas (CNAM), que preside el sonorense Marcos Pérez Esquer. Se recordará que la iniciativa presidencial alude al mantra de la austeridad para ordenar que, con la reforma, los municipios sólo podrán tener entre 7 y 15 regidores y sólo una sindicatura. El Colegio fue el primero en hacer trizas el argumento chambón de Palacio Nacional al hacer notar que hay más municipios con menos de 7 regidores que municipios con más de 15. Y que lo que se ahorraría con reducir regidurías y sindicaturas se compensaría con los más de mil municipios que tendrían que aumentar sus regidores y síndicos. Dicen los abogados municipalistas:
“El artículo 115 de la Constitución reconoce al municipio libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados. Ese reconocimiento no es ornamental: implica que los ayuntamientos deben conservar un ámbito propio de configuración institucional, que históricamente ha correspondido a las constituciones y leyes locales. La decisión sobre el número de sus integrantes no ha sido una materia reservada a la Federación, precisamente porque responde a la diversidad demográfica, territorial, política y administrativa de los municipios. La iniciativa presidencial rompe con esa lógica y pretende uniformar desde el centro realidades profundamente distintas, violando el principio de singularidad municipal y atentando contra la libertad configurativa de las constituciones locales, lo que ha permitido contar con una gran diversidad de modelos organizacionales, como en Nayarit, que cuenta con regidores electos por distrito, o en Tlaxcala, que ha incorporado a la representación de las comunidades rurales en la integración de los ayuntamientos.
Resulta especialmente preocupante que se quiera justificar esta medida bajo el argumento de la austeridad. Es inaceptable debilitar a los ayuntamientos por razones ajenas a la democracia representativa. La representación política de los vecinos en el ámbito municipal no es una carga prescindible ni un lujo burocrático (subrayado mío). Los cuerpos colegiados de gobierno existen no sólo para deliberar, sino también para controlar, supervisar, equilibrar y hacer visible la pluralidad social y política de cada comunidad. Debilitarlos es debilitar la democracia local.”
Y continúa: “…el municipalismo y el federalismo no son privilegios que deban recortarse, sino principios estructurales del orden constitucional mexicano que deben preservarse y fortalecerse. Pretender adelgazar a los ayuntamientos desde el centro no fortalece al Estado mexicano: lo vuelve más concentrado, más vertical y menos democrático.
“Desde una perspectiva más amplia, esta iniciativa debe leerse junto con otras decisiones adoptadas en los años recientes que han tendido a erosionar contrapesos institucionales. Si primero se debilitó a los órganos constitucionales autónomos y después se avanzó hacia la captura de otros poderes, ahora parecería buscarse el debilitamiento de los contrapesos verticales del sistema federal: la capacidad de Estados y municipios para organizar sus propias instituciones. El problema, por tanto, no es sólo municipal; es federal. Bajo el ropaje de la austeridad se pretende normalizar que el poder central disponga cada vez más sobre ámbitos que corresponden a los órdenes locales de gobierno”.
De aprobarse esta reforma centralista, los legisladores locales obedientes tendrían que verse en el penoso papel de debatir a favor de la abdicación de su libertad y cambiar la Constitución local para incluir la cláusula que limita el número de legisladores, degrada sus salarios y prestaciones y obliga al Congreso a tener un presupuesto que no sobrepase 0.7% del presupuesto estatal. Qué gran oportunidad para el gobernador en turno y/o el crimen organizado para comprar a legisladores.