Rosario Piedra contra la niñez y las mujeres: que renuncie

Hay una ley muy simple: para vivir hay que comer y beber agua. Si en los adultos la carencia o insuficiencia de ambos elementos puede prolongarse por semanas, en el caso de los niños y niñas la desnutrición puede ser causa de muerte o de secuelas para toda la vida.No ...

Hay una ley muy simple: para vivir hay que comer y beber agua. Si en los adultos la carencia o insuficiencia de ambos elementos puede prolongarse por semanas, en el caso de los niños y niñas la desnutrición puede ser causa de muerte o de secuelas para toda la vida. 

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No se necesita estudiar primaria para conocer esa ley de la vida. Pero cuando un padre se separa o abandona a su familia e incumple con la obligación moral y legal de pagar una pensión para el sostenimiento de sus hijos e hijas, especialmente cuando son menores, recurre al pensamiento mágico: de alguna manera la madre se las arreglará. Por demasiado tiempo, la sociedad mexicana ha aceptado pasivamente la irresponsabilidad de miles y miles de papás para con sus hijos e hijas menores.  

En su conmovedor libro La cabeza de mi padre, Alma Delia Murillo hace un recuento de los esfuerzos titánicos de su madre por alimentar a toda su prole y de la precarización que vivió su familia a raíz del abandono de su padre: 

“En ese tiempo algo iba muy mal con la economía de mi madre, el descenso en la vivienda lo decía con contundencia, pasamos de una calle decente a una vecindad desastrada en una calle viciada y de paredes percudidas” (pg.39). 

 En preparación a las elecciones de 2021, colectivas feministas y sus aliadas legisladoras, preocupadas por los altos índices de violencia contra las mujeres, presentaron al INE la propuesta de exigir tres condiciones para la aceptación de candidaturas federales: que no hubiera antecedentes de violencia intrafamiliar, que no hubiera denuncia de acoso sexual y que no se estuviera en la condición de deudor alimentario moroso. Esto se aprobó por el Consejo General del INE en noviembre de 2021. Posteriormente, varias entidades federativas aprobaron iniciativas semejantes o con variaciones: Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y la Ciudad de México. Recientemente el Congreso de Yucatán aprobó que para poder acceder a candidaturas o a altos puestos en la administración pública o incluso para tramitar licencia de automovilista se debe cumplir con la “3 de 3 contra la violencia”. 

 Pues bien, la CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el requisito de no ser deudor alimentario moroso. El país es una colección de tumbas clandestinas y cientos de madres buscan a sus hijos e hijas desaparecidos y la titular de la CNDH, Rosario Piedra, guarda silencio sepulcral, pero decide defender a los padres que incumplen con sus hijos e hijas y ejercen violencia económica contra sus exparejas. 

 Sigue Alma Delia: “Pienso en los infinitos días en que pasamos hambre mis hermanos y yo. 

 “Mi madre fue ese náufrago que atravesó el océano incontables veces para traer comida a la mesa luego de una semana sin comer más que cucharadas de azúcar o sal, según hubiera en la alacena o alguna fruta que nos regalaba un vecino. Teníamos la piel rota de frío y desnutrición, en la escuela a mi hermana y a mí nos diagnosticaron anemia...” (pg. 95). 

El argumento de la CNDH es que estas reformas violan el derecho humano al trabajo de los deudores alimentarios y que al impedirles acceder a una candidatura o puesto en administración pública no se les permite cumplir con sus responsabilidades como padre de familia. Perdón, pero los puestos de elección popular no son chambas, ni los altos puestos en la administración pública pueden aceptar a personas que no cumplen la ley como padres de familia. La Constitución federal en su artículo 34 y la Constitución del estado de Yucatán en el artículo 6 exigen “un modo honesto de vivir” como precondición para candidaturas y altos puestos. Es comprensible que haya circunstancias —como las de ínfimo crecimiento de la economía con el actual gobierno— que afecten los ingresos de ambos progenitores. Las madres no pueden desentenderse: generalmente los infantes están con ellas. El otro argumento es que las reformas yucatecas “estigmatizan” a los deudores alimentarios. ¿Se les llama padres desobligados? ¿Se les tilda de progenitores irresponsables? La CNDH ignora la estigmatización que sufren los niños y niñas por la falta de un padre presente. “...y más cabrón si dices que tu papá no existe y que tu mamá trabaja aseando casas, vendiendo ropa, inyectando y limpiando el culo de viejecitas moribundas...”, recuerda Alma Delia sus experiencias con la “estigmatización” (pág. 81). 

 Al argumentar que se les discrimina, la CNDH y su titular equiparan al deudor alimentario moroso, es decir, alguien que viola la ley, con las condiciones de etnicidad, nacionalidad, sexo, discapacidad, preferencias, estado civil, edad, descritas como de inaceptable discriminación. 

Creo, junto con las numerosas organizaciones que pidieron hace una semana la renuncia de la titular de la CNDH, que “no ha lugar a cuestionar la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán”. 

 *Ruego a Penguin Random House y a su autora Alma Delia Murillo que disculpen estas citas que espero contribuyan a una mayor venta de La cabeza de mi padre. 

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