Protesta el rey Salomón

A falta de la prueba del DNA, el rey Salomón, hijo del rey David, ideó una estratagema para resolver un caso legal difícil. Dos mujeres se presentaron reclamando como suyo a un bebé, exigiéndole al rey que se pronunciara sobre a quién correspondía la maternidad del niño. Las dos habían dado a luz a sendos bebés hacía poco, pero uno de ellos había muerto. Habla el rey: “Ésta afirma: ‘Mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto’; la otra dice: ‘No, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive’”. Y añadió el rey:.

—Traedme una espada.

Y trajeron al rey una espada. En seguida el rey dijo:

—Partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra.

Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo) y le dijo:

—¡Ah, señor mío! Dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Y dijo el rey, “dad a esta mujer el niño vivo, ella es la madre”.

Se ha descrito como “salomónico” el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Me parece que se parece poco. El proyecto reconoce como constitucional la elección de ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y como inconstitucional la elección de jueces y magistrados federales y locales, y atempera otros aspectos salientes del esperpento publicado en el Diario Oficial de la Federación con la firma de la primera Presidenta de México. Y no lo es porque, a diferencia del rey Salomón, cuya única restricción era la ley, las condiciones para que una sentencia de la Corte pueda remediar el daño profundo que se ha infligido a la República son precarias. Salomón, con su sabiduría, encuentra la verdad y puede ser justo. Salva al bebé y a la madre.

El proyecto de sentencia, extraordinario en el uso creativo y, al mismo tiempo, riguroso del derecho para salvar lo que se pueda del Poder Judicial federal, es, antes que nada, pragmático. Reconoce una correlación de fuerzas desfavorable a la Corte y al derecho y —como se ha dicho repetidamente— extiende una oportunidad a la presidenta Sheinbaum para evitar una crisis constitucional de balde por varios años su sexenio. El proyecto de sentencia que muchos esperamos pueda ser aprobado este próximo martes 5 en la sesión del pleno de la Corte no salva al bebé, no puede. La autonomía e independencia del Poder Judicial quedan seriamente comprometidas y la División de Poderes desdibujada, pero lanza al mar del tiempo, con gran imaginación y generosidad, un mensaje en una botella.

El proyecto del ministro declara inconstitucional la elección de jueces y magistrados, buscando salvar las carreras de más de 1,600 funcionarios de carrera judicial y facilitándole la vida al INE y al gobierno, al reducir dramáticamente la cantidad de juzgadores a ser electos o electas y, con ello, reducir también el gasto de recursos económicos desorbitantes, 13 mil millones, que se requerirían. De la misma manera, declara inconstitucional la elección de juzgadores de las entidades federativas, que suman más de cinco mil. Ese capital humano extraordinario no debe perderse, dice la propuesta, y puede ser fundamental para cuando vengan tiempos mejores porque, eso lo digo yo, vendrán tiempos mejores. Los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial han sido ejemplares en su defensa del derecho y de los derechos de todos; ellos recogerán el mensaje de la botella.

El proyecto de sentencia y el debate que le ha antecedido también ha demostrado cuándo y cómo la Corte puede examinar y, en su caso, juzgar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Ya desde 1982, con los amparos en contra de la expropiación de la banca privada, el abogado que los interpuso, José Vicente Aguinaco, quien después sería ministro de la Corte, argumentó la diferencia entre el poder reformador originario —el Constituyente de 1917— y el poder reformador constituido de las diferentes legislaturas, con facultades cualitativamente diferentes, para buscar demostrar la inconstitucionalidad de la privatización. Lo mismo puede decirse del intento del Legislativo para violar el artículo 14 constitucional que prohíbe la retroactividad de una ley cuando afecta los derechos humanos. Todo el debate ha sido una clase de derecho a millones y sin Zoom.

En apenas cuatro semanas, el fulgor de la hazaña de millones de mujeres mexicanas para lograr que una llegara a la Presidencia, destacado como un logro y un ejemplo en toda la prensa internacional, se ha apagado. No hay en el mundo occidental —al que pertenecemos— una sola asociación de expertos en derecho, ni una universidad que se respete ni centros de estudios de prestigio ni prensa o medios relevantes que no califiquen la reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum como un escalón hacia un gobierno autoritario. O como dijera el jurista argentino Roberto Gargarella, “una forma contemporánea muy parecida a un golpe de Estado”. ¿Cómo reaccionará la presidenta Sheinbaum ante el debate en la Corte y la eventual aprobación del proyecto? ¿Como la madre de la historia salomónica que prefiere perder algo, pero ganar la república o como la madre falsa que prefiere la república en pedazos?