Perder el miedo

La reforma al Poder Judicial no va a ser aprobada. No dudo que Morena y aliados intentarán todos los trucos posibles, como aquel de noviembre de 2019 cuando inventaron dos votos a favor de la aprobación de Rosario Piedra como (inútil) presidenta de la CNDH; difícilmente lo lograrán. Ahora pretenden hacerlo al revés: disminuir un voto, como lo han insinuado el presidente del Senado, Fernández Noroña, y el coordinador de la bancada oficialista, Adán Augusto, quienes afirman que con 85 votos se logra la mayoría calificada, dos terceras partes, de 128 senadores presentes. De hacerlo, se arriesgarían a una crisis constitucional de proporciones inimaginables.

Su problema lo describió bien Von Clausewitz en De la guerra: “nunca te involucres durante un tiempo demasiado prolongado con el mismo enemigo, pues se adaptará a tus tácticas”. Y hoy es 2024 y los conocemos. Irónicamente, interpretaron mal los resultados de las elecciones del 2 de junio. Casi cuatro millones menos de electores votaron por sus candidatos al Congreso que por la Presidencia. Y la mediocre asistencia a las urnas, de dos puntos menos que en 2018, a pesar de las carretadas de dinero, promesas, etcétera, que se utilizaron, sugieren cierto cansancio de su electorado.

Desde el 5 de mayo pasado, antes de las elecciones, los trabajadores del Poder Judicial federal se movilizaron nacionalmente en grandes manifestaciones en numerosas ciudades, sorprendentes por su excelente organización y lo imaginativo de sus consignas que capturaban la esencia regresiva de la reforma propuesta. Por parte de la Cámara de Diputados se ignoraron estas señales y se les excluyó de las consultas. La inminencia de la aprobación de la reforma, la brutalidad de sus propuestas que equivalen a la demolición del Poder Judicial y la arrogancia que caracterizó todo el proceso hicieron que cayeran los últimos miedos de los integrantes del PJF: movilizarse para no morir, salir a las calles para defender 30 años de carrera judicial, sumando a jueces, magistrados y a la mayoría de los ministros de la Corte. Histórico.

La pregunta ahora es: sabiendo que no tendrán los votos, ¿se expondrá el oficialismo a una derrota tan grande como la seguridad que presumían que la tenían en la bolsa? ¿O será un no regalo al Presidente y un sí regalo para Claudia Sheinbaum? ¿Habrá otra salida?

Más interesante es lo siguiente: ¿qué les hace tolerable el inmenso desprestigio entre la mayoría abrumadora de profesionales del derecho aquí y en el mundo, académicos notables como Roberto Gargarella, el profesor Luigi Ferrajoli, el juez (en retiro) Stephen Breyer; la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, barras y colegios de abogados de México y de muchos países, asociaciones nacionales e internacionales de jueces y juezas, las organizaciones más relevantes de defensa de los derechos humanos, la OEA, las escuelas y facultades de derecho del país y decenas de miles de estudiantes que creen en el derecho y los derechos? ¿Qué les incentiva a soportar que ahora a México se le compare con Venezuela y otras dictaduras de la peor fama? ¿Por qué les resulta aceptable poner en riesgo la viabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum?

¿Por qué perder tanto por la reforma al PJF a pesar de que con las cómodas mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados podrían cumplir perfectamente con sus principales propuestas y gobernar? Por fuerza hay que concluir que se trata de construir una herramienta similar a la Ley Habilitante de 1933 del gobierno de Adolfo Hitler, que mencioné en Excélsior el 23/08 y que le permitía gobernar con un poder absoluto. Sin poder asegurar que en próximas elecciones tendrán mayorías tan amplias como las de las pasadas elecciones, ¿por qué no hacer prácticamente inamovible una arquitectura constitucional que les permitiera en un futuro hacer cambios aún más radicales que los anunciados el 5 de febrero? Como lo comentó recientemente Diego Valadés, ¿por qué no anular la autonomía del Banco de México y, en caso de crisis, poder echar mano de sus reservas? O, agrego yo, ¿por qué no quitar la prohibición para que militares puedan ser candidatos a la Presidencia? ¿Por qué no restablecer la reelección presidencial? No encuentro otra explicación.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó el domingo la largamente esperada propuesta de reforma del sistema de justicia acompañada de un diagnóstico. El liderazgo del Senado de la República podría evitar el espectáculo de una derrota o, si intentan hacer trampa, de una crisis constitucional mayor que afectaría al próximo gobierno, recibiendo con apertura las propuestas derivadas de la amplia consulta realizada por la Judicatura, posponiendo el debate en el pleno y abriendo un diálogo y debate reales en torno a estas dos propuestas. Hay un nuevo puente de plata: caminémoslo todos.