No más plazos

La iniciativa del PRI para prolongar hasta 2028 la presencia del Ejército en la Guardia Nacional es inoportuna, no resuelve el problema de fondo de la seguridad pública y daña a la alianza opositora. Hay que arreglar ese entuerto.

Pedí a la doctora  Victoria Unzueta, quien ha sido la autora de varios de los recursos jurídicos legislativos interpuestos por el PRD contra la militarización, que recordáramos juntas la historia de las posposiciones y los pretextos que han impedido contar con policías federales y locales civiles preparadas para garantizar la seguridad ciudadana. Una posposición más sólo prolongará la tragedia.

La participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública no es nueva. En 1996, durante la LVI Legislatura, el PRD presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por la participación de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En los años posteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una serie de jurisprudencias en las que se autorizaba la actuación de las FFAA en la materia, a petición expresa de las autoridades civiles, debido a que un problema de seguridad pública puede convertirse en uno de seguridad nacional.

La reforma constitucional en materia de seguridad y procuración de justicia, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008, creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una entidad de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la materia, estableciendo un marco normativo general para profesionalizar a los cuerpos policiales y ministeriales. Derivada de esta reforma constitucional, se emitió el 2 de enero de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy vigente.

En ese entonces, las autoridades del gobierno federal señalaron que eran necesarios 10 años (primer plazo) para tener las policías eficientes, profesionales y certificadas que las y los mexicanos requieren. El artículo transitorio tercero de la ley, sin embargo, impuso un plazo de cuatro años para que “las instituciones de seguridad pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes”. Este artículo transitorio fue reformado en dos ocasiones, para ampliar el plazo correspondiente, primero el 28 de diciembre de 2012 (segundo plazo )y, posteriormente, el 29 de octubre de 2013( tercer plazo), plazo que feneció en 2014. No obstante, el Centro Nacional de Certificación y Evaluación, informó, con corte al 31 de julio de 2022, que de los 335,898 efectivos de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, únicamente el 75% cuenta con una evaluación aprobada vigente. En el mismo sentido, en la Guardia Nacional, de los 102,315 efectivos, únicamente el 48% lo tiene.

No sorprenden estos resultados si tomamos en consideración que los fondos federales que han sido destinados para la capacitación, profesionalización y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública han sido reducidos drásticamente. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, se destinaron 5 mil millones de pesos para subsidios en materia de seguridad pública y 7 mil millones más por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Municipios (FASP). En el Proyecto de Presupuesto entregado hace unos días, no se contempla subsidio alguno y el FASP, que debe su existencia a la Ley de Coordinación Fiscal, tiene asignado un monto de poco más de 8,786 millones de pesos, es decir, el 73%, sin aplicar los índices de inflación.

Hoy, las policías estatales y municipales se encuentran en serias desventajas frente a la Guardia Nacional que cuenta con un presupuesto propio —todavía en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– de poco más de 67,826 millones de pesos que pasarán en su totalidad al control de la Secretaría de la Defensa Nacional, con un sistema de seguridad social que incluye becas, vivienda, salud y seguros de vida, de frente a policías estatales y municipales con exiguos sueldos, sin armamento, sin capacitación, sin seguridad social, sin seguros de vida y expuestos a perderla en cualquier momento.

El famoso artículo 5to transitorio de la reforma conste 2019, representa la cuarta posposición. La propuesta priista que pide una quinta posposición resulta, en este contexto, mucho más lesiva porque, en lugar de establecer las condiciones para la salida de los militares de las labores de seguridad pública, a través del fortalecimiento de las policías civiles, alarga el plazo de estancia sin cambio alguno y abre la puerta a una posposición infinita. No, se acabaron los plazos. Y que empiecen los acuerdos.

*Doctora en estudios políticos europeos y euroamericanos por la Universidad de Turín. Analista en seguridad y FFAA