Ni obvia ni urgente resolución

¿La democracia se reduce a celebrar elecciones? ¿La democracia es sólo el mandato de las mayorías? ¿O la democracia es, como dice el artículo tercero de la Constitución, no sólo “una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo"? Ya hay demasiados ejemplos de cómo se puede destruir a la democracia llegando al poder por la vía electoral y de cómo el mandato de las mayorías puede llevar a tragedias. Así que la democracia, para que lo sea, debe tener un componente que garantice ese constante mejoramiento general de la sociedad del que habla el artículo tercero. Y ese componente que densifica a la democracia no es otro que los derechos y su ejercicio libre por parte de la ciudadanía.

La marcha del 13 de noviembre, que marca un antes y un después, destruyó en vivo y en directo, frente a millones de mexicanos y frente al mundo, la premisa fundamental del Presidente: que él es la encarnación del pueblo, que el pueblo habla por su boca y micrófono, y que él ha sufrido (y gozado) una transmutación que lo hace uno con el pueblo. Es como un principio trinitario exponencial: no tres personas en un solo ser, sino millones de mexicanos en un solo ser. Pero el domingo 13 de noviembre, cientos de miles de mexicanos y mexicanas, legítimos integrantes de ese pueblo que dice representar, marcharon en más de 60 ciudades, en un ambiente festivo y alegre, diciendo con su simple presencia física: no hables por nosotros, amamos la democracia y al INE como su garante.

No es que el Presidente no supiera: las elecciones de 2021 ya le habían advertido de la inconformidad creciente en las grandes urbes del país. Pero ahora sabían los demás: los ciudadanos que se reconocían en esos otros multiplicados por miles y, peor, los simpatizantes del actual gobierno que pensaban que una derrota futura era imposible. La seguridad del triunfo y la continuidad son elementos de cohesión muy importantes en cualquier gobierno. Pero con elecciones limpias, la derrota es muy posible y esto introduce un elemento de inestabilidad en cualquier coalición gobernante.

De ahí el salto al vacío presidencial al enviar el paquete de leyes secundarias que busca mutilar al Instituto Nacional Electoral, garantizar la permanencia de los aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), que le permiten construir una mayoría simple en la Cámara de Diputados con una sobrerrepresentación desproporcionada e ilegítima. De ser aprobada, la propuesta debilita al INE de tal manera que no se garantizan las condiciones mínimas para que las elecciones próximas sean confiables. Se permite e incentiva a que los partidos violen la ley, se autoriza a los funcionarios a promover al gobierno durante las elecciones y se amenaza a la oposición con denuncias en caso de que critiquen al gobierno (“se prohíbe calumniar al gobierno”).

Para poder aprobar el paquete de reformas a seis leyes y un total de 457 artículos, se recurrió en la Cámara de Diputados a la dispensa de trámite bajo el supuesto de “urgente u obvia resolución”. En éste, basta el voto mayoritario —que lo tuvo Morena— para que el paquete pasara directamente al pleno, sin examinarse ni dictaminarse en Comisiones ni ser publicado previamente en la Gaceta Parlamentaria. El Presidente y su secretario de Gobernación insistieron en que las reformas se limitarían a aspectos no anclados en la Constitución; aunque esto es falso, habla de que ha calado el rechazo de una parte significativa de los futuros votantes a la constante burla a la Constitución y a las leyes por parte de este gobierno.

Pero no basta ganar la votación por mayoriteo en un trámite para que éste sea legítimo. El diputado Santiago Creel ha citado, en su cuenta de Twitter, tres tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que la Corte ha dado la razón a legisladores quejosos en acciones de inconstitucionalidad por violaciones al debido proceso legislativo. Y los argumentos tienen que ver con el planteamiento del primer párrafo de este artículo: de nada sirve el mandato de las mayorías si éste niega los derechos de las minorías. El 22 de agosto de este año, la SCJN invalidó el decreto que reformaba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con los siguientes argumentos: “El pleno determinó la existencia de violaciones graves al procedimiento legislativo desarrollado ante la propia Cámara que impactaron en la calidad democrática de la decisión finalmente adoptada.

“Al respecto, la SCJN consideró que no se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, al haberse incumplido reglas mínimas, tanto en las comisiones como en el pleno del órgano legislativo, que permitieran a las mayorías y minorías legislativas expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública”. De aprobarse e instrumentarse esta reforma, quizá perdamos por muchos años el derecho democrático a cambiar de gobierno mediante elecciones limpias. Por ello, nos vemos el 13 frente al Senado y después, en la SCJN.