'México, aguanta, el Poder Judicial se levanta'
Por primera vez en la historia o que me corrijan los historiadores, la vasta mayoría de integrantes de uno de los tres poderes sale a la calle a marchar en contra de acciones de los otros dos poderes. Creo, como lo transmite la consigna que da título a este artículo, que ...
Por primera vez en la historia —o que me corrijan los historiadores—, la vasta mayoría de integrantes de uno de los tres poderes sale a la calle a marchar en contra de acciones de los otros dos poderes. Creo, como lo transmite la consigna que da título a este artículo, que más que presagiar un round de box de consecuencias institucionales funestas, anuncia la decisión por parte de los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de los miles de funcionarios que los acompañaron, de participar activamente en la defensa de la existencia y fortaleza del Poder Judicial. Y ello revela algo que la cacofonía de las mañaneras parecía ocultar: los valores de la democracia, de la importancia de mantener la separación de poderes, de garantizar la independencia entre los poderes, del derecho a manifestarse, del derecho a ganar un salario digno, han arraigado con vigor en estas centenas de miles de personas que marcharon en las principales ciudades del país.
La manifestación recuerda la increíble valentía del rector Javier Barros Sierra cuando encabezó la marcha de protesta contra la violación de la autonomía universitaria en 1968. Oponerse a órdenes del presidente —Gustavo Díaz Ordaz— era entonces algo impensable, como hoy parecía impensable tener que salir a las calles a defender la Constitución.
Durante estos cinco años, el Presidente ha dado numerosas muestras de la decisión implacable de someter al Poder Judicial y en especial a la Suprema Corte de Justicia. Desde la invención de cargos falsos contra el ministro Eduardo Medina Mora para forzar su renuncia y abrir espacio a sus leales, la propuesta anticonstitucional de prolongar la presidencia del ministro Arturo Zaldívar, más leal al Presidente que a la Constitución, los ataques a la ministra presidenta, Norma Piña, desde el día siguiente que tomó posesión, hasta las amenazas de muerte a ella y otros ministros, transmitidas vía féretros por el gobernador de Veracruz. “México, aguanta, el Poder Judicial se levanta”, expresa valentía y también la convicción de que todo se perderá, la existencia misma de este poder, si no se lucha.
“No son privilegios, son derechos”, otra consigna de enorme poder subversivo contra el discurso populista de este gobierno. Son derechos, no graciosas concesiones. Son derechos para que te podamos servir con independencia, explicaban otras consignas. “Sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar”. “La gente se pregunta ‘y estos quiénes son’: somos los garantes de la Constitución”. “Somos la voz de la Constitución”, se leía en una camiseta. Y después el humor que hizo del Presidente su principal víctima. “Yo sí trabajo, no vivo en un palacio”. “Yo sí trabajo, no hago mañaneras”. “No somos uno, no somos cien, Andrés Manuel, cuéntanos bien”, un contraste sano y necesario con el culto en torno a la figura presidencial impulsado por Morena.
De las mejores consignas: “Somos tres poderes, pero éste sí trabaja”; “amigo diputado, vente a un juzgado”. Y que reflejan una realidad a transformar. El Poder Judicial resuelve anualmente un millón cien mil casos y, sin embargo, en nuestro país la justicia tarda. Además de resolver asuntos del diseño institucional que dificultan la impartición de justicia, tenemos pocos jueces. En México, 5 por cada 100,000 habitantes. En Colombia, 11. Y el promedio en los países de la OCDE es de 18. Por lo menos habría que duplicar en una década el número de jueces por cada cien mil habitantes. O estudiar con base a evidencia hacia qué meta debemos encaminarnos. En la práctica ello significa que el presupuesto para el Poder Judicial tiene que ir aumentando paulatinamente y la ley debe garantizar, repito, que no disminuirá y, segundo, que debe cumplir alguna proporcionalidad con el PIB. En la actualidad, el presupuesto del Poder Judicial representa aproximadamente 1.8% del PIB. ¿Por qué no fijarlo en 2% del PIB o encontrar una medida que sea una referencia útil para la correcta y pronta impartición de justicia?
Lo importante es que la independencia del Poder Judicial no sea objeto de secuestro de la Cámara de Diputados, cuando se discute su presupuesto, cualquiera que sea la orientación de su mayoría. Y esto debe de quedar en la Constitución. Como decían alegremente los marchistas: “No somos oposición, servimos a la nación”. Tomar la calle empodera y vivifica. La notable creatividad en consignas y mantas, el humor espontáneo y la gran cantidad de jóvenes son todos signos esperanzadores: los valores democráticos han enraizado profundo y se ha perdido el miedo. Ellos saben que sin Poder Judicial no hay justicia.
