Maycomb en Chihuahua

Durante tres años, de 2019 a 2021, la Fiscalía General de Chihuahua fue calificada como la mejor del país por la organización especializada Impunidad Cero, que compara el desempeño de las 32 fiscalías del país. Más casos resueltos, mejores recursos de investigación para los ministerios públicos (o fiscales), menos acumulación de casos, más sentencias logradas. Parte crucial de este éxito fue la Operación Justicia para Chihuahua, de la que el abogado Francisco González fue piedra angular. Esta iniciativa consiguió probar la existencia de un inmenso esquema de corrupción montado durante el gobierno de César Duarte, que causó un daño patrimonial a los chihuahuenses de aproximadamente seis mil millones de pesos.

El exfiscal consiguió 19 sentencias en firme contra otros tantos funcionarios. Sabedor de que nadie puede autoincriminarse, cada uno de los casos estuvo meticulosamente documentado. La actual gobernadora, María Eugenia Campos, estuvo vinculada a proceso por haber participado —junto con varias decenas de funcionarios, periodistas y legisladores de Chihuahua— en la operación conocida como La Nómina Secreta, en la que recibían dinero mensualmente del gobernador, vía la Secretaría de Hacienda local. Una vez que la señora Campos triunfó en las elecciones, el juez que la vinculó a proceso se desdijo un día antes que se debía ratificar su permanencia como juez.

La andanada judicial contra el exfiscal González tiene toda la pinta de una descarada operación de venganza contra el fiscal estrella de la Operación Justicia para Chihuahua. Más importante, se trata de abrir camino a la exoneración de César Duarte. Y, así, ratificar que la impunidad reina en México, que es imposible combatir la corrupción y que quien se atreva a hacerlo será castigado. En palabras de González Arredondo: “No se puede enviar el mensaje de que, si investigas y procesas casos de corrupción, van a matar a tu padre, te van a meter a la cárcel y te van a criminalizar”. Francisco González Vázquez, padre del exfiscal, murió de un infarto fulminante, pues fue testigo del trato infamante e injusto que se le dio a su hijo.

Ayer domingo, la jueza Hortensia García Rodríguez decidió vincular a proceso al exfiscal González Arredondo, atropellando principios jurídicos básicos e indebidamente supliendo las notorias deficiencias de la carpeta de investigación presentada. El abogado Íker Ibarreche, famoso por el documental de Netflix Duda razonable, en el que echa luz sobre un caso en el que se fabrica la culpabilidad de secuestro a tres personas sentenciadas a 50 años de cárcel, argumentó graves violaciones al debido proceso, entre otras, que la agente del Ministerio Público que presentó la carpeta de investigación frente a la juez no tiene competencia, pues no pertenece a la fiscalía de lucha contra la tortura y, por tanto, no cumple con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.

La denuncia contra Paco, que así le llamamos los que lo conocemos y admiramos, proviene de una persona que argumenta que fue torturado psicológicamente durante 21 meses de manera permanente. Esto a pesar de que él mismo declara que se presentó a declarar cinco meses después de que supuestamente lo empezaron a torturar. Gritos y la expresión “no mames, sabes más que eso” fueron presentados como “pruebas de la tortura”. Las evidencias recogidas de la aplicación del Protocolo de Estambul carecen del rigor mínimo requerido. Describe Ibarreche cómo los supuestos expertos no demostraron su condición de tales, no adjuntaron la batería de preguntas ni anexaron las entrevistas y no demostraron ser un equipo interdisciplinario, crucial para la validez del Protocolo de Estambul.

Los más activos defensores de Paco González son sus alumnos de la maestría en derecho, quienes ven en él una figura inspiradora, tal vez, un joven Atticus Finch, que tiene como guía la apasionada defensa de la justicia y la verdad, aun cuando ésta imponga grandes sacrificios. Y no tengo duda de que triunfarán la justicia y la verdad, pues las violaciones al debido proceso son inocultables. Bajo el gobierno de Maru Campos, la Fiscalia General de Chihuahua pasará de ser la mejor del país a constituir un caso de escándalo nacional e internacional, un ejemplo de defensa férrea de la corrupción.