Mareado en el quirófano

En un reciente debate sobre la participación política de las mujeres dije que, al insistir el Presidente en que se apruebe la reforma al Poder Judicial de la Federación PJF, en septiembre, equivalía a pedirle a Claudia Sheinbaum, inminente Presidenta electa, que se ...

En un reciente debate sobre la participación política de las mujeres dije que, al insistir el Presidente en que se apruebe la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), en septiembre, equivalía a pedirle a Claudia Sheinbaum, inminente Presidenta electa, que se tire al vacío sin paracaídas. Sabina Berman, una de las debatientes, respondió que esto no sería así porque “el costo político se lo llevaría el Presidente". He pensado en un ejemplo que ilustra cómo el costo político sería totalmente de Sheinbaum y cómo su mandato quedaría baldado por todo el sexenio antes de empezar. No ignoro que la triunfadora en las pasadas elecciones ha abrazado el proyecto de reforma al PJF y en cada mitin preparó el terreno para voltear a la opinión pública en contra de los actuales ministros y jueces. No es la primera vez que una mujer se tira por la ventana por un hombre.

La reforma al PJF enviada por el Presidente el 5 de febrero pasado parte de un diagnóstico equivocado. Me recuerda al cirujano que, enfrentado a un caso de osteosarcoma avanzado en un adolescente, dirige la motosierra a la pierna equivocada. Amputa la pierna sana y, posteriormente, para salvar la vida del paciente, tiene que amputar la pierna enferma. Qué importa aquí quién asume el “costo político” o la culpabilidad. El caso es que los efectos brutales de la equivocación perduran para toda la vida del paciente.

La reforma que impulsa el Presidente no busca ampliar el acceso a la justicia de los más desvalidos. Si así fuera su objetivo mejorar la justicia cotidiana: el 85% de los casos que llegan a judicializarse son locales. Esta aplastante mayoría de los casos que tocan la vida cotidiana de la ciudadanía no se refleja en los presupuestos. La prioridad presupuestaria está en el Poder Judicial federal, mientras que en las entidades federativas, juzgados y tribunales carecen de lo más elemental y no hay suficiente número de juzgadores. En el otro lado de la justicia, fiscalías locales y sus ministerios públicos, son frecuente fuente de historias de horror. Ahí es dónde tendría que centrarse una reforma judicial que realmente buscara ampliar el acceso a la justicia. Una encuesta que no distinga entre la justicia federal y la local no tiene la menor validez. La mayoría de la gente sólo ha tenido contacto con jueces y tribunales locales.

Apenas hace tres años, el Presidente hizo suya la reforma judicial federal impulsada por el entonces ministro Arturo Zaldívar. La reforma tenía como ejes el combate a la corrupción y al nepotismo, así como reformar la carrera judicial; derivada de la reforma, aprobada en conjunto con la oposición, se modificaron siete leyes. El Presidente no permite que madure esta reforma porque su objetivo, repito, no es ampliar ni mejorar el acceso a la justicia, sino vengarse de las distintas resoluciones del PJF, que han ido en contra de reformas que él considera vitales, así como rendir cualquier mecanismo que permita la independencia y autonomía de este poder.

Su ira en especial se dirige hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del 2 de enero de 2023, cuando la ministra Norma Piña toma posesión como presidenta y se acaba el poder del alfil del Ejecutivo en la Corte, Arturo Zaldívar, no han cesado los ataques y calumnias contra los integrantes de la Corte y contra el PJF. Imposible no ver misoginia en los ataques a la ministra Norma Piña, como la hay también en el vergonzoso beso que planta públicamente a Claudia Sheinbaum cuando lo visita en Palacio Nacional: un beso y un abrazo de posesión y dominio. No comparto el proyecto político de Claudia Sheinbaum, pero menos comparto que el Presidente quiera menoscabar el mandato de la primera mujer presidenta.

La reforma no sólo no arregla lo más urgente, sino que traería el caos con la destitución de 1,665 ministros, magistrados y jueces. Con la amplia mayoría de Morena, obtenida en la pasada contienda electoral, la elección de integrantes del PJF mediante elecciones, obviamente, resultaría en la pérdida de autonomía y en la consecuente identificación de los nuevos integrantes con el poder dominante. ¿De qué otra manera pueden garantizar su triunfo los candidatos a jueces si no es recurriendo a la simpatía y cercanía de quienes dominan políticamente?

Ni siquiera la Constitución de 1917, después de una revolución violenta, propuso un cambio tan radical e irresponsable para la arquitectura del Poder Judicial. La “democratización de la justicia” que busca el Presidente no es otra cosa que otro mecanismo de centralización del poder, todo lo contrario al abecé de la democracia.

¿Por qué empezar tu sexenio lanzándote al vacío, Claudia?

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