El Estado soy yo: venga para acá el Fondo Minero

En México, la creación del  Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, conocido como Fondo Minero, fue relativamente tardía,  si se compara con la experiencia de otros países con actividad minera importante como Australia y Chile.

Después de muchos intentos frustrados gracias al cabildeo de las compañías mineras,  por fin se aprobó en el Congreso de la Unión  en octubre de 2013 e impuso un derecho especial de 7.5% sobre los ingresos menos impuestos  de las compañías mineras.

Las cifras hablan por sí mismas sobre lo relevante de estos recursos. El primer Fondo en 2014 fue de 2 mil 90 millones de pesos. Para 2018, el monto total del Fondo creció a  4 mil 500 millones de pesos. En México, 27 estados tienen actividad minera. En 2017, el estado que menos recibió recursos  fue Campeche, con 355 mil pesos, y el que más recibió fue Sonora, con $1,104 millones; Yucatán recibió 927 millones, Zacatecas $718 millones , Guerrero, $148 millones, Oaxaca, $74 millones y Chihuahua, $453 millones.

En su diseño original, el Fondo se reparte mayoritariamente a los municipios, después a las entidades federativas y muy minoritariamente a la Federación. Fue una reforma progresiva con fuerte espíritu federalista y municipalista. La iniciativa reconocía la importancia de la minería para la obtención de insumos irreemplazables para la industria, pero al mismo tiempo subrayaba que se trata de recursos no renovables y por tanto con el peligro de abandonar a una región una vez que la extracción de estos deje de ser rentable. Reconocía  también el alto impacto ambiental negativo de la mayoría de las actividades mineras. Los recursos del Fondo Minero deberían compensar daños ambientales, mejorar la infraestructura y preparar a la región para no depender de esa sola actividad.

Concebido originalmente para obras de infraestructura que moderen el impacto social y ambiental de la actividad minera en estados y municipios, el Paquete Económico de 2019 violentó la reforma a la Ley de Derechos de 2013 y destinó los recursos del Fondo  a un programa de tandas, sin reglas de operación ni  evaluación alguna. Para 2020, la Ley de Ingresos quita a estados y municipios cualquier potestad sobre esos recursos y los dirige a la reconstrucción de escuelas. Tapar el hoyo de los recortes educativos con los recursos a los pueblos mineros ni resuelve el problema de la mejora de escuelas y menos compensa las carencias específicas de las regiones mineras. 
 En la práctica, la Ley de Ingresos de 2020,  plantea que la Federación sabe más sobre qué necesitan los pobladores de Mezcala, en  Guerrero, o Cananea, en Sonora, o el muncipio de Ascensión, en Chihuahua. Es pura arrogancia centralista.

En febrero de 2019, el  gobernador de Chihuahua, Javier Corral, junto con varios presidentes municipales de Chihuahua y  Sonora, presentaron  ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, una controversia constitucional contra la reforma de 2018  a la Ley de Derechos que en la práctica desvió los recursos del Fondo para los fines que más le plazcan a la Federación.  La semana pasada, los gobernadores de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y Durango enviaron una carta al presidente López Obrador urgiéndolo a restituir el Fondo Minero.
La decisión de utilizar los recursos para la reconstrucción de escuelas es un lobo vestido con piel de oveja: es un ataque al federalismo y a los estados y municipios con fuerte actividad minera. El ataque con gas lacrimógeno “orgánico” a los presidentes municipales que demandan más recursos dice más que mil discursos a favor de lo local.