El caso del cuadrilátero desaparecido

En un episodio psicótico, un fulanito destruyó con lujo de violencia el cuadrilátero en el que se escenificaría la pelea que decidiría el más importante campeonato de box. Hacha en mano acabó con cuerdas, esquinas, piso, gradas y sillería. La entrada al auditorio fue cerrada con pesados candados. Los investigadores encontraron al árbitro atado de pies y manos. Las autoridades de la Comisión Nacional de Box arrojadas a la calle con todo y sus chivas.

La noticia ocupó la primera página de los periódicos y la nota principal de noticieros televisivos y digitales. Y, sin embargo, los agentes de los boxeadores más importantes discutían acaloradamente quién de sus representados reunía los puntos para disputar el campeonato. No sólo eso: debatían también la contabilidad con la que se llegó a esa suma de puntos. Ponían en cuestión el “método” para sumar o restar los puntos de sus favoritos. Qué peleas sumaban cuántos puntos. Y si, además de los puntos, la fama y popularidad de su representado motivarían más venta de boletos, más público, más asistencia. Y para fortalecer su posición y el método que se proponía, los agentes ofrecían conferencias de prensa. Hasta que una joven periodista, de esas impertinentes que han invadido la página de deportes antes exclusiva de los reporteros, preguntó: ¿Y dónde van a pelear si no hay cuadrilátero?

No exagero si planteo que ésa es exactamente la situación en la que nos encontramos frente a las elecciones de 2024. Esta semana, del lado de la oposición, los partidos políticos anunciaron que irían en coalición para las elecciones locales de Coahuila y el Estado de México; que el PRI “llevaría mano” en esas candidaturas y que Acción Nacional la tendría en la Ciudad de México y la Presidencia de la República. ¿Qué, se les olvidó el 13 de noviembre y los cientos de miles de ciudadanos que marcharon sin una convocatoria partidaria? Han seguido disculpas, explicaciones, “que fue un mal entendido”, “que sí nos gustan los y las ciudadanas”, que el o la candidata no tendría que ser del PAN, etcétera. Pero hay que insistir en la pregunta de la hipotética periodista: ¿Pero y el cuadrilátero? ¿Y el secuestro de las autoridades expertas? ¿Y el árbitro amordazado?

Lo primero es lo primero. Para tener certeza electoral, para ir hacia las elecciones federales más competidas, grandes y complejas de nuestra historia, en 2024, en condiciones de equidad democrática, ¡hay que recuperar el cuadrilátero, liberar al árbitro, asegurar las facultades de las autoridades expertas!

Es muy probable que al inicio del periodo de sesiones, que comienza el 1 de febrero, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados apruebe el resto del paquete de leyes mandado por la Presidencia de la República, con la clara intención de desarticular al Instituto Nacional Electoral (INE), cercenarlo, garantizar que no haya piso parejo para la oposición y que el gobierno vuelva a controlar partes sustanciales del proceso electoral.

Cada nueva lectura del paquete de leyes, en especial de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, revela nuevos ardides y claras violaciones a la Constitución concebidas para desahuciar al INE y poner en entredicho la viabilidad de una jornada electoral exitosa. No entraré en detalles porque varios especialistas ya lo han analizado con más conocimiento que yo. Diré que el austericidio es el hilo conductor y el pretexto para el intento de demolición del árbitro electoral. Menciono reformas especialmente preocupantes: la que lleva al despido del 85% del personal profesional del INE, incluyendo el que integra a organismos locales que desaparecen, un cambio profundamente centralista y antifederalista. Este personal es el que garantiza la instalación de casillas, la búsqueda de los y las ciudadanas que las integrarán, así como su capacitación. Más grave todavía es la reducción dramática del personal que cuida de la actualización del padrón electoral, una labor intensa: diariamente se entregan 16 mil nuevas credenciales por cambio de domicilio, por reposición, porque se alcanzaron los 18 años, etcétera. La ley ordena que los módulos del INE se instalen en edificios gubernamentales —olvidando que el INE no es gobierno—, lo cual pone en peligro la confidencialidad de nuestros datos personales y biométricos, pues hoy éstos se transmiten por redes exprofeso contratadas por el INE y no por el internet de una escuela.

Acudiremos al Poder Judicial confiados en su renovada independencia, a juzgados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los partidos políticos y las minorías parlamentarias ya han anunciado que interpondrán acciones de inconstitucionalidad; el INE ha anunciado una probable controversia constitucional y probablemente habrá una avalancha de juicios en defensa de los derechos políticos ante el TEPJF. Muchos ciudadanos y ciudadanas, confiadas/os en el primer artículo de la Constitución, nos ampararemos por la violación a nuestros derechos humanos, tal como se describen en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que se sepa: no nos vamos a dejar.