De cómo renunció el secretario de Hacienda

El titular de Hacienda era bien visto por las cámaras empresariales y los grandes empresarios. Ponderado, inteligente, bien informado, se podía hablar con él. Hizo bien el presidente en nombrar a alguien que, a pesar de formar parte del movimiento, no tenía el lenguaje radical, pródigo en descalificaciones a la iniciativa a privada; además, había experimentado exitosamente algunas fórmulas poco ortodoxas para la izquierda. Todo indicaba que con tantos atributos terminaría junto con el presidente. No fue así. ¿Por qué tuvo que renunciar, intempestivamente y acompañado de tantos titulares en los medios?.

Porque el secretario de Hacienda violó el secreto fiscal. Porque el secretario violó el secreto bancario. Porque el secretario facilitó extractos de las declaraciones fiscales de una persona a quien juzgaba adversaria política a los medios. Porque el secretario dañó, tal vez de forma irreparable, la confianza que con tanto trabajo se había venido construyendo para asegurar a los contribuyentes que sus impuestos serían bien usados.

Pero que no retumbe en sus centros la Secretaría de Hacienda. Que los pasillos de Palacio no se estremezcan. Que no teman que me adelante al futuro (o tal vez sí). Porque me refiero a la caída del titular de Hacienda del gobierno del presidente Lula en 2006. Por algo minúsculo comparado a lo hecho por el presidente López Obrador, al revelar datos que sólo podía haber obtenido del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En efecto, en marzo de 2006, el ministro de Hacienda brasileño, Antonio Palocci, tuvo que renunciar a su puesto. Acosado por un lío de faldas, siendo él casado, Palocci pidió al director de la Caixa Económica, un equivalente a Banobras, que violara el secreto bancario de un humilde portero que testificó que lo vio, sí, visitando una casa non sancta donde, además, se hacían también negocios non sanctos. No había Twitter entonces, así que Palocci ordenó que se filtrara a la revista Época un extracto bancario de la cuenta del portero. No vale la pena distraerles con más detalles, sólo compartirles que el presidente Lula pidió la renuncia de su ministro más cercano y del presidente del banco “por pérdida de confianza”. La violación al secreto bancario por parte del gobierno cuestionaba la credibilidad en el sistema bancario brasileño.

Al publicar extractos de las declaraciones fiscales de la senadora Xóchitl Gálvez, el presidente viola la obligación de “guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes”, según lo ordena el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El Presidente inventa que “me llegaron esos datos”. Ese alguien no pudo haber sido otro que Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Hay, por tanto, tres presuntos responsables de la violación al derecho a la privacidad de la senadora Gálvez y de la exhibición pública de datos absolutamente confidenciales, algunos de ellos que atañen a ciudadanos privados que nada tienen que ver con las actividades políticas de la legisladora. Esos presuntos responsables son el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el titular del SAT, Martínez Dagnino. Otro posible responsable es el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, pues también se publica información confidencial sobre la nómina de las empresas de la actual senadora y aspirante del Frente Amplio por México.

Se trata de posibles delitos penales, pues el artículo 264 del Código Penal de la Federación establece que “comete el delito de ejercicio ilícito el servidor público que por sí o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que esté bajo su custodia…” El Presidente puede mentir como acostumbra y decir “me llegó información”, pero esto no le permite publicar algo ilegal. Es como si le llegara una bomba y en vez de pedir que se desactive y denunciarla ante las autoridades, la hace explotar.

En 2019, el Presidente pudo obligar a renunciar al entonces ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora, utilizando a la servil UIF, violando el secreto bancario, distorsionando la información y amenazando a su familia. Todavía bajo el impacto del triunfo abrumador de Morena, la sociedad no supo reaccionar.

No es éste el caso. Cada ataque del Presidente a un o una adversaria política, el mandatario fabrica, pule, aceita un búmeran contra Palacio Nacional. Su ataque revela miedo y debilidad. No lo duden: el Frente Amplio por México ganará las elecciones de 2024.