“Aprieta los dientes y aguántate”

“Fue temprano en la mañana de mi cumpleaños número diez cuando mi papá me violó por primera vez. No sería la última. El trauma fue tan fuerte que, poco antes de iniciar el quinto año en la escuela, quedé ciega temporalmente... El daño fisiológico que soporté incluyó migrañas severas, pérdida de cabello e incluso canas a los diez años. Mientras que otras niñas ansiaban que llegara la pubertad, a mí me causaba repugnancia. Mi cuerpo dejó de ser mío. Me había sido arrebatado. 

 Temía que llegara la noche, oír pasos afuera de la puerta de mi recámara... (y después oír) “aprieta los dientes y aguántate”. 

Así inicia su artículo en The New York Times, en noviembre de 2021, la profesora Michele Goodwin sobre la inminente aprobación en Mississippi de una prohibición total a abortos más allá de la semana 15, sin ninguna excepción, incluyendo incesto y violación. La ley fue aprobada localmente y después cuestionada ante la Corte Suprema de Estados Unidos por el Jackson’s Women Health Center, en el caso que se conoce como Dobbs v Jackson. 

El estado de Mississippi recomendó aprovechar este caso para anular el derecho al aborto consagrado desde 1973 en el caso Roe v Wade y ratificado en 1991 en el caso Roe v Case. Y así lo hizo la Corte, dominada por una mayoría conservadora de 6 a 3. 

“A los doce años quedé embarazada por mi papá y tuve un aborto”, continúa la doctora Goodwin. “Antes de llegar al consultorio no sabía que estaba embarazada. Mi papá mintió sobre mi edad y sobre las circunstancias de mi embarazo, inventó que tenía 15 años y un novio”. La hoy constitucionalista Goodwin cuestiona el corazón del argumento del juez Alito, ministro ponente en el caso Dobbs v Jackson, quien plantea que el derecho al aborto no es un derecho explícito en el texto constitucional original. Goodwin argumenta que las enmiendas 13 (abolición de la esclavitud y prohibición de la servidumbre involuntaria y 14 (derechos de la ciudadanía y el debido proceso) contienen el reconocimiento a las mujeres como personas autónomas, así como los derechos a la privacidad y la libertad. Goodwin desarrolla como las discusiones en torno a la enmienda decimatercera, aprobada en 1865, conocieron ampliamente los abusos sexuales contra las esclavas y el embarazo forzado como práctica para producir más esclavos. 

La discusión sobre la decisión de la Corte corrió la cortina que revela un deterioro continuo de principios fundamentales de la democracia norteamericana: la separación iglesia-Estado que ha venido debilitándose, especialmente desde la llegada de Trump, y el deterioro de los derechos de las mujeres que se confirma con la decisión del 24 de junio, con un creciente componente de argumentos religiosos. 

Dos lecciones a aprender: nada es para siempre. Ningún avance es definitivo y menos si se trata de derechos de las mujeres, cuando se está en gobiernos dominados por el patriarcado, es decir, todos. Segunda lección: las omisiones en el Legislativo para salvaguardar esos derechos se convierten en triunfos de los antiderechos difíciles de revertir. Maureen Dowd, la brillante columnista del NYT, recuerda cómo la tibieza del entonces senador Joe Biden, que presidía el Comité Judicial, permitió que en 1991 el abogado conservador Clarence Thomas fuera aprobado como juez de la Corte, a pesar del testimonio de Anita Hill, su asistente, documentando hostigamiento sexual, afición a la pornografía y repetidas faltas de respeto hacia las mujeres. Biden suspendió las audiencias e impidió que se presentaran testigos a favor de Hill. 

Hoy sabemos que, en su opinión concurrente, el juez Thomas amenaza con anular el derecho a usar anticonceptivos, al sexo entre personas del mismo sexo y al matrimonio igualitario. Había que recordarle al juez Thomas que la Constitución tampoco explicitaba el derecho a casar con una persona de raza distinta, como es el caso de su esposa. Y para la aprobación de los jueces Kavanaugh, Barrett y Gorsuch, senadores republicanos moderados, que los cuestionaron sobre su posición ante el derecho al aborto consagrado por Roe v Wade, fueron simplemente engañados. Ceder en todos esos casos ha resultado fatal. Revertir esa mayoría extremista en la Corte llevará muchos años o medidas radicales que los demócratas no parecen decididos a tomar. 

Pienso en la gran responsabilidad del Senado mexicano para los nombramientos tanto para la SCJN como para otros puestos, especialmente en órganos autónomos. El sesgado papel de la ministra Loretta Ortiz en el proceso de revisión de la ley eléctrica sacó a la luz testimonios de su militancia radical a favor del gobierno que no se revisaron a profundidad. Yo misma quedé sorprendida. No vale la pena mencionar el caso de la ministra Yasmín Esquivel, siempre fiel al gobierno, no a la ley. Ya que el Ejecutivo no cuenta con mayoría calificada en el Senado, todos los nombramientos han contado con algunos votos de la oposición, para vergüenza y lección para el futuro. 

 ¿Se desliza EU, en los hechos, hacia un Estado teocrático? ¿Le seguirá México con un presidente que no se decide entre ser Juárez o Moisés?