“Hay que poner orden en los Congresos de los estados”, dijo Luisa María Alcalde y dijo bien, pues retrata con precisión el espíritu centralista del plan B contra entidades federativas y municipios: un “yo mando” desde Palacio Nacional; un “yo sé lo que tienes que hacer”; un “me vale un comino la pluralidad de tu estado o municipio, yo, desde el ombligo de México, decido cuántos legisladores y cuántos regidores pueden representar a tu sociedad”. Es cierto que, en este caso, congresos y municipios pueden interponer controversias constitucionales ante la SCJN, pero difícilmente procederán si ello contraviene al oficialismo. Se argumenta que a las entidades y municipios y alcaldías les van a regresar los recursos ahorrados. Mal chiste: no pueden ni surtir una farmacia y les van a regresar el dinero.
Al igual que en la iniciativa de reforma rechazada en la Cámara de Diputados, la premisa es la austeridad. Cito las cifras mencionadas recientemente por Leonardo Valdés, exconsejero presidente del IFE en la revista +++Voz y voto+++: Durante 2019-2024 se asignaron 149 mil millones de pesos al INE (incluyendo a los partidos políticos) y al TEPJF. Esa cifra representa el 0.35% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que fue de 42.6 billones de pesos. En 2025 el gasto en democracia representó 0.33% del PEF. Para el ejercicio 2026, el presupuesto aprobado representa 0.26% del PEF. Compare usted con los más de 600 mil millones de pesos del huachicol fiscal o los 300 mil millones del aeropuerto de Texcoco, que seguimos pagando. O con los crecientes pagos a la deuda externa.
No se trata de un diagnóstico equivocado por ignorancia. Las reformas siguen los puntos básicos de lo implementado por el chavismo y el madurismo en Venezuela. No sólo la toma completa o parcial de todos los contrapesos: INE, TEPJF, Congreso, SCJN, sino también el despliegue de estructuras paralelas que nulifiquen o sustituyan a los órganos populares descentralizados ganados legitimamente por la oposición o incluso por el oficialismo. Eso es lo que se está haciendo con las reformas que impulsa Morena en la CDMX que pretenden sustituir a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), electas por las y los vecinos en las alcaldías, por asambleas vecinales en las que las autoridades de las alcaldías no intervienen y que responderían al gobierno de la CDMX. ¿De dónde viene la idea?
En junio de 2000, la Alcaldía Mayor de Caracas, que incluye varias municipalidades, la ganó el líder opositor Alfredo Peña y la siguió ganando la oposición. El chavismo creó el Ministerio de Caracas para quitarle presupuesto y competencias que le correspondían a la alcaldía. Y así han construido estructuras paralelas de poder en la que el gobierno central es quien tiene contacto directo con el ciudadano nulificando a gobernadores o alcaldes electos legítimamente.
Pero quizá la propuesta más peligrosa del plan B es la de modificar el artículo 35 de la Constitución que excluye de las consultas populares ciertos temas medulares como los principios establecidos en el articulo 40: república laica, representativa, democrática y federal así como la restricción de los derechos humanos, ingresos (es decir, impuestos) y gastos, los temas de materia electoral, seguridad nacional, Fuerzas Armadas. La mandataria pretende consultar temas electorales: no hay país en el mundo, por populista que sea, que contemple someter temas de acceso al poder a las consultas populares. Aunque la Presidenta puso como ejemplo preguntarle a la gente si estaría de acuerdo en quitarle presupuesto a los partidos, la eliminación de esta restricción abre la puerta a consultas más peligrosas, sobre todo si se acompaña de una reducción del umbral para que el resultado de una consulta sea vinculante, que ahora es de 40 % de los electores inscritos en el padrón.
Quitarle presupuesto público a los partidos incentivaría que creciera el cáncer que carcome a nuestra desfalleciente democracia: la intromisión del crimen organizado a través del financiamiento ilegal de campañas, como sucedió especialmente en las elecciones de 2021 y 2024. Pero hay temas aún más delicados. Por ejemplo: ¿estaría usted de acuerdo en que hubiera reelección no consecutiva en la Presidencia de la República? ¿Estaría usted de acuerdo que, en concordancia con el principio de austeridad, se limite el número de partidos políticos y se convoque al registro de nuevos partidos cada dos elecciones presidenciales? Y eche a volar la imaginación del tipo de locuras que se les puede ocurrir al mandamás de Palenque y a sus seguidores. Aunque la SCJN debe revisar la constitucionalidad de la pregunta que se haga en una consulta, la Corte del acordeón tocará la melodía que le ordenen.
Se trata de una reforma profundamente antidemocrática. Somos México participará activamente en el Frente Amplio por la Democracia y en toda iniciativa que frene este atropello.