Ni una más

En México son asesinadas 10 mujeres al día. Esto debería ser razón suficiente para declarar un estado de emergencia nacional por la inseguridad y violencia por razones de género en nuestro país. Para mí, la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana. Para la salud pública, la violencia de género se percibe por los actos violentos que ocasionan daño físico, discapacidad, secuelas y disminución en la calidad de vida. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de un hombre hacia una mujer.

De enero a diciembre de 2019 ocurrieron en México 916 feminicidios, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional con 157 víctimas por este delito; Edomex, el segundo con 122; la CDMX, la tercera con 68; Nuevo León, el cuarto lugar y Puebla, el quinto, con 58 feminicidios, respectivamente. Para darnos una idea de la dimensión y la gravedad de estos datos, en 2015 se contabilizaron en nuestro país 411 feminicidios, es decir que el número de víctimas se ha duplicado.

En una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, el feminicidio quedó definido como el homicidio de mujeres por razones de género y resolvió que el acceso a la justicia para ellas ante actos de este tipo debería seguir los protocolos internacionales de protección a ese sector de la población. A pesar de ello, a diez años de esta recomendación, en al menos 13 entidades del país permanecen sesgos en las investigaciones, especialmente aquellas que ponen en duda la honorabilidad de la afectada.

Aunque la violencia contra las mujeres es un problema generalizado y adopta muchas formas, puede presentarse en todos los ambientes desde la calle, el trabajo y principalmente en los hogares. De acuerdo con el Inegi, y los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, misma que ha sido ejercida por diferentes agresores: pareja, esposo, algún familiar, compañero de escuela o de trabajo, autoridad escolar o laboral, amigos, etcétera. Esto es, 30.7 millones de mujeres en México han sido sujetas a actos violentos y discriminatorios alguna vez, a lo largo de su vida.

Hay evidencias de que las mujeres maltratadas hacen más uso de los servicios de salud, incluyendo consultas de atención primaria y desde luego de los servicios de urgencias, frecuentemente con padecimientos que enmascaran el problema de fondo. La identificación temprana de la violencia puede reducir sus consecuencias y disminuir los padecimientos de quienes la sufren. La justa alarma e indignación social causada por la publicación repetida de noticias relacionadas con el asesinato de mujeres a manos de sus parejas, viene también acompañada por la percepción por parte del personal de salud de que se necesita una formación específica sobre los protocolos de actuación.

Desde la perspectiva de salud pública, el análisis de la violencia debe partir de la base de que se trata de un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible. Para la salud pública como campo interdisciplinario, el reto es innovar en políticas públicas y programas para un abordaje integral, dada la complejidad de este problema social. Para avanzar en el compromiso de lograr una vida libre de violencia es necesario incidir en la transformación de los determinantes sociales. La violencia contra las mujeres deja familias rotas y niños huérfanos.

La prevención de la violencia de género es tomar medidas en el seno familiar y también desde la esfera gubernamental. Debería comenzar temprano, educando y trabajando con las niñas y los niños, promoviendo relaciones respetuosas basadas en la igualdad. Impulsar algunas formas de promover la igualdad en las escuelas como realizar dinámicas para destruir prejuicios y estereotipos de género. Jugar a juegos que eviten los roles definidos y demuestren relaciones de poder, entre otros. Y desde el gobierno, implementar acciones y políticas para la atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es deseable armonizar en el país las legislaciones y normas que sean necesarias para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

Perdón por distraerlo, señor Presidente.