México: en lo adverso y en la enfermedad

Nuestro sistema de salud público atraviesa por un momento muy crítico. Acompañado además de una serie de amenazas a la salud de los mexicanos, en particular hacia los niños. Y eso sin contar que la pandemia por covid-19 aún no está erradicada en México ni en el mundo. Es más, ha ocurrido un incremento en el número de contagios particularmente en Estados Unidos y en nuestro país. Pero la Secretaría de Salud federal desde el 1o de mayo ya no emitirá más monitoreos para regular el uso del espacio público, con el argumento de que hay una “baja sostenida de contagios covid-19”. El último informe que emitió fue el de la semana epidemiológica número 13 y determinó que las 32 entidades federativas permanecerían en semáforo verde.

A principios de este año, el 4 de febrero para ser exactos, se anunció la desatinada decisión de que el IMSS-Bienestar se haría cargo de “federalizar la salud” en todo el país. Con la aceptación tácita de que el Insabi había fracasado.

El Seguro Popular quedó extinguido el 31 de diciembre de 2019, y dejó a 53 millones de afiliados sin certeza en el acceso a la salud. La realidad es que la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi han traído incertidumbre para los usuarios y también para los contribuyentes.

Esta reforma legal no debió ocurrir sin antes tener los andamios administrativos y financieros muy claros. Tampoco se tomó en cuenta el desarrollo demográfico de México, caracterizado por un descenso de la mortalidad general ni tampoco se consideraron las condiciones de salud actuales de la población.

La decisión de que el IMSS Bienestar se encargue al final de este año de administrar y procurar la atención médica en 15 entidades del país es un despropósito. No fue creado para eso y es un programa que sigue hasta hoy sujeto a reglas de operación y diseñado para otorgar servicios de salud de primer y segundo nivel, especialmente en las zonas rurales.

México ha experimentado un proceso de urbanización y de acuerdo con el Inegi, casi el 80 por ciento de la población vive en localidades urbanas. Por lo que, es obvio que la función principal de este programa es otra.

Adicionalmente a esto, seguimos sin tener una cadena de suministro de medicamentos que sea eficiente y tampoco se ha logrado abatir el desabasto de medicinas y tratamientos para enfermos crónicos como los niños con cáncer, que el gobierno ha acusado de golpistas. Tampoco hay certeza si hay suficientes dosis de la vacuna Pfizer para inmunizar a los menores de edad entre 12 y 17 años que no tengan comorbilidades. Y quienes, como yo, ni siquiera con amparos hemos logrado que el gobierno le conceda a mi hija el derecho que tiene a la salud. Nunca imaginé que un día litigaríamos un derecho humano para la niñez mexicana.

Han aparecido además casos de una hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños entre 1 mes a 16 años en 12 países. El gobierno mexicano estudia actualmente 21 casos en nuestro país, lo que confirma que las fronteras son permeables a los virus.

Para corolario de este desafortunado panorama, el presidente López acusó hace unos días al gremio médico de corrupto, egoísta, retrógrado y conservador. Señaló que no hay médicos especialistas que quieran ir a trabajar a las zonas apartadas de nuestro país. El personal médico mexicano dedicó su tiempo, sus propios recursos, y en algunos casos, hasta la vida, para atender la pandemia por covid-19. Tenemos en nuestro país 160 facultades y escuelas de medicina. Lo que no hay en las zonas rurales para atraer especialistas son: infraestructura, seguridad, salarios dignos y condiciones sociales atractivas para que una especialista acepte ir a una zona rural en donde ni siquiera se cuenta con servicios básicos.

Este gobierno no está pensando en salud y menos en los usuarios de los servicios. Estamos entre lo adverso y la enfermedad.