Del derecho al acceso… hay mucho trecho

En México, la Constitución Política establece en su artículo 4º que todas las personas tenemos derecho a la protección de la salud, y que la Ley General de Salud definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Entonces es obvio que este artículo señala cuáles son las bases que deben existir para una concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La salud es un derecho social, y el derecho a la salud es un esquema complejo que implica una serie de obligaciones por parte del poder público. Es decir, genera, como sucede con todos los derechos sociales, la obligación del Estado de desarrollar acciones positivas tendientes justamente a proteger la salud o remediarla cuando ha sido afectada.

Quiero resaltar que la salud, de acuerdo con la definición de la OMS, es “un estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. El goce de la salud es un bien individual, pero también tiene una dimensión colectiva si consideramos que hay determinantes sociales que son las condiciones en las cuales la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece, y que reflejan su posición en la jerarquía social. Y desde 1978, con la Declaración de Alma-Ata, sobre la atención primaria de salud, ya se establecía que la salud es un derecho y que la comunidad tiene el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud.

No obstante, la realidad es que en nuestro país aún persisten condiciones de desigualdad social e inequidades en el acceso a los servicios. En principio, recordemos que la organización del sector salud en México es compleja y fragmentada y ofrece una protección incompleta y desigual a la población. En los últimos años, con la reforma e introducción del Seguro Popular, se han canalizado mayores recursos financieros para avanzar en la cobertura y la oferta de servicios, sin embargo, todavía existen retos por enfrentar. El Seguro Popular es un aseguramiento público y es también un vehículo financiero para la atención médica de sus afiliados.

Una de las principales recomendaciones del informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 que publicó el Coneval, es que el gobierno federal debe garantizar que el acceso a los servicios de salud sea de calidad y con efectividad para asegurar una atención equitativa para toda la población, así como hacer una adecuada promoción del cuidado de la salud, prevención y tratamiento de enfermedades. En las condiciones actuales del sector salud, se dificulta el acceso efectivo de la población, en particular de los grupos más vulnerables. Los datos del Inegi son aún más preocupantes: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reveló que la población ocupada que no tiene acceso a las instituciones de salud en México ascendió a 32.6 millones, en el tercer trimestre del año pasado. 

Es cierto que la carencia por acceso a los servicios de salud ha disminuido de manera pronunciada en los últimos años, sin embargo, la afiliación es tan sólo el primer paso para que los individuos cuenten con acceso a los servicios de salud. Para identificar si existe acceso y uso efectivo a estos servicios, es necesario analizar diversos elementos sobre si se obtiene atención, de calidad, cuando se requiere, y además es resuelto el problema de salud, independientemente de factores como el ingreso, la residencia, la condición laboral o étnica.

Aunque en materia de reglamentación ya vimos que el derecho a la salud en México está garantizado por la Constitución, esto no siempre implica su pleno ejercicio, por lo que es necesario conocer la brecha que existe entre el reconocimiento de este derecho y su ejercicio efectivo. La afiliación a un sistema de salud no asegura que se esté recibiendo el servicio y que, en su caso, éste sea de calidad y resolutivo. Diversas razones pueden determinar el que una persona afiliada a alguna institución de salud no reciba los servicios a los que tiene derecho, según las disposiciones jurídicas. Puede ser desde la inexistencia del servicio específico que es requerido, hasta la falta de información sobre los servicios a los que puede acceder. Y a veces hasta el surtimiento oportuno de sus medicamentos.

Todas las personas tenemos derecho a la protección en salud, pero el acceso y uso efectivo está asociado a la obligación del Estado de garantizar la infraestructura, bienes y servicios de salud de su población.

Maestra en Salud Pública

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