Con los gatos no, ¿Con los humanos sí?
Más de 73 mil enfermos reciben en el IMSS terapia de diálisis o hemodiálisis. Estos tratamientos a veces llegan a costar alrededor de 250 mil pesos anuales, en promedio, por cada paciente
Hace unos días, en la cuenta oficial de twitter de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se publicó el siguiente texto: “Lamentamos el fallecimiento del gatito de Palacio Nacional conocido como Gruñón o Gandalla. Tenía más de 10 años y presentó un cuadro de acidosis metabólica por una falla renal crónica. Los gatitos son parte de Hacienda y estamos trabajando por su bienestar”, al final se agregaba el hashtag #ConlosGatosNo. En lo personal me pareció inconcebible y fuera de lugar dicha publicación. No estoy en contra de la vida de los gatos, pero sí creo que sobre ese tema pueden ocuparse las organizaciones de la sociedad civil; los ciudadanos o cualquier otro grupo pro animal.
La SCHP tiene como misión dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública para construir un país sólido donde se fortalezca el bienestar de los mexicanos. Y supervisar el ejercicio del presupuesto de las dependencias que integran el Ejecutivo federal. En esta función se ha generado cierta polémica entre SHCP y la administración del ramo 12 Salud.
Según datos del IMSS, la insuficiencia renal (misma enfermedad de la que murió el gato) es un problema cada vez más grave en México, tanto por la prevalencia cada vez mayor de hipertensión y diabetes, como por los problemas del manejo adecuado de estas enfermedades en los servicios públicos del país. Para tratar a un enfermo que sufre de enfermedad renal crónica (ERC), es necesaria la utilización de tratamientos de diálisis peritoneal, hemodiálisis, así como trasplante de riñón. Actualmente, más de 73 mil pacientes en el IMSS reciben terapia de diálisis o hemodiálisis para mantener la función de este órgano y la vida, mismos que conllevan dificultades para estos pacientes, particularmente por el tiempo que se debe emplear para dializarlos, por la incapacidad laboral y un deterioro paulatino del estado de salud.
Existe una población desprotegida que queda fuera de la seguridad social y que teóricamente estaría bajo el amparo del Seguro Popular, sin embargo, la ERC no se encuentra incluida como tal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), aunque las principales causas que le dan origen sí lo están (diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera) y por medio de ellas, lógicamente, se cubriría la totalidad de los requerimientos para su manejo. La misma exclusión sucede en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para aquellos enfermos que no tienen cobertura en caso de requerir alguna de las dos modalidades de diálisis o, en su defecto, necesitar un trasplante.
Los tratamientos de diálisis y hemodiálisis a veces llegan a costar alrededor de 250 mil pesos anuales, en promedio para cada paciente. Por lo tanto, deben realizar gastos de su bolsillo y a veces comprometer su patrimonio para salir adelante con esta enfermedad.
Es innegable que la actual administración federal ha heredado rezagos en materia de proyectos de infraestructura en el sistema nacional de salud y que aún persiste la inequitativa asignación y gasto de recursos en las instituciones para la atención, cobertura, acceso a servicios y principalmente a medicamentos. No obstante, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 estimó el gasto destinado a la Secretaría de Salud en 123 mil millones de pesos, 3.2 por ciento menos que el año anterior. Aunado a eso, la SHCP reservó –es decir, los recursos etiquetados para el sector Salud no fueron entregados a las dependencias conforme al calendario– más de 2 mil 500 millones de pesos, afectando con ello el funcionamiento de institutos nacionales de salud, hospitales federales y regionales de alta especialidad, hospitales psiquiátricos y centros de atención a las adicciones.
Cabe mencionar que mientras que en el resto de los países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el gasto en salud se ubica entre el 5 y 6.4 por ciento del PIB, México solamente gasta el 2.9 por ciento. Sabemos que la equidad es una de las categorías principales de la cohesión social. Desafortunadamente, existe un alto porcentaje de gasto de bolsillo que aun expone a la población a gastos excesivos por motivos de salud. Y es además la forma más inequitativa, ineficiente y regresiva de financiar los servicios de salud. Es deseable que la SHCP decida apostar por las familias mexicanas.
