En las próximas semanas, la Secretaría de Turismo relanzará el distintivo de turismo accesible, otra de las propuestas de la diputada federal Kenia Muñiz, quien ya logró que la Cámara baja aprobara una reforma a la Ley General de Turismo en esta materia, que ahora está en el Senado.
La vida de Muñiz cambió cuando, a los 22 años, sufrió un accidente en su casa, en el estado de Veracruz; lo que parecía ser un problema que se resolvería en meses, terminó provocándole la pérdida de movimiento en sus extremidades inferiores para el resto de su vida.
Cuando regresó a la universidad donde cursaba su carrera, descubrió que la falta de rampas, el exceso de escaleras y carencia de servicios sanitarios adaptados hacían de ese centro educativo un infierno para ella.
Fue así como inició una lucha por las personas con discapacidad en México, que seguramente llevará muchos años.
El derecho a viajar de las personas con discapacidad nos enfrenta a una realidad en donde, incluso las grandes empresas de turismo y tecnología, como Expedia, Booking y Airbnb, carecen de información para que usen sus servicios.
Se estima que en México, 16.5% de la población padece algún tipo de discapacidad, siendo la más frecuente la visual, seguida por la motriz, la auditiva y la psicosocial.
Incluso en esta última no hay una segmentación correcta, pues nada más las personas que están en el espectro autista van desde genios matemáticos hasta personas que se aíslan del mundo.
Según ONU Turismo, alrededor de 15% de la población mundial padece alguna discapacidad, y en los países desarrollados dos terceras partes tienen posibilidades de viajar.
En México, la situación es diferente, pues las limitaciones económicas provocan que un porcentaje menor pueda salir de viaje; pero la discapacidad es un problema tan insuficientemente atendido, que ni siquiera hay información de calidad para entenderlo y dimensionarlo.
La diputada Muñiz me compartió que los mayores retos se concentran en la infraestructura y servicios dirigidos a los nichos con menos recursos económicos.
Ella desconoce de algún aeropuerto en el país que carezca de elevadores, rampas y personal para apoyar mínimamente a los discapacitados.
Pero la situación es muy diferente en las terminales de autobuses, donde sólo hay algunos avances en plazas como la Ciudad de México y Puebla.
También los hoteles de cinco o cuatro estrellas tienen infraestructura para estas personas; pero la situación se complica en los de menor categoría, no sólo porque faltan elevadores o las dimensiones de las puertas no permiten la entrada de una silla de ruedas, sino porque su personal no está debidamente preparado, incluso, para ofrecer información veraz. Por ello, considera un avance que la reforma legal próxima a promulgarse, al menos, reconozca esta problemática como un primer paso para buscar las salidas.
El relanzamiento del distintivo, que nació en 2014, generará un aliciente para que más hoteles y restaurantes se esfuercen en darle acceso a las personas con discapacidad.
Hoy, hoteles o plataformas presumen que no discriminan y les dan la bienvenida a personas LGBTQ+, pero allí, además de la posición ética, hay un incentivo económico por conquistar a viajeros que, generalmente, tienen ingresos superiores al promedio.
En el caso de las personas con discapacidad, hay que desarrollar esos incentivos, comenzando porque, si México destacara como un país turísticamente comprometido con ellas, también fortalecería su competitividad.