Los dueños de La Escuela es Nuestra
El efecto de esa política de entregar fondos directos con pocas reglas fue dividir a los padres de familia. En la mayoría de los CEAP hay luchas por ser presidente o tesorero, asunto que no se da en las sociedades de padres de familia.
Bajo el eslogan de “primero los pobres”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador enarboló un sinnúmero de Programas para el Bienestar que distribuyeron recursos en forma directa a la población elegida, quizá con el fin de aminorar desigualdades y resolver problemas, pero también cargados de propósitos electorales. El programa La Escuela es Nuestra, o LEEN, cubre esos dos designios, acaso con más peso el segundo porque los encargados de entregar los fondos para mantenimiento y construcción de infraestructura escolar fueron (y son) los servidores de la nación, no el funcionariado de la Secretaría de Educación Pública. En cinco años gastaron casi 89 mil millones de pesos saturados de opacidad, como lo documentaron la Auditoría Superior de la Federación y testimonios recogidos en la prensa.
Jaime Torres Bodet, en su primer periodo como secretario de Educación Pública, instituyó el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, en 1944, que alcanzó su auge en el sexenio de Adolfo López Mateos con el programa nacional de construcción de escuelas y las famosas aulas prefabricadas que permitieron el segundo ciclo de expansión de la educación primaria. En 2008 el gobierno transformó al CAPFCE en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para emitir lineamientos para la edificación de escuelas públicas y privadas. De ser aparato constructor, pasó a ser órgano normativo y de vigilancia.
En la mañanera del 19 de junio de 2019, AMLO advirtió que para la construcción de escuelas “… se va a entregar (dinero) directo a las sociedades de padres de familia… para que con esos recursos mejoren las escuelas donde estudian sus hijos… y les va a alcanzar más”. No fue así.
La ASF encontró anomalías en los gastos de 2020 y 2021 de LEEN. La auditoría realizada al gasto público descubrió que en 2020 se dieron apoyos duplicados a cinco beneficiarios por un millón 150 mil pesos y se entregaron un millón 500 mil pesos a tesoreros de siete Comités Escolares de Administración Participativa que habían muerto un año antes. Los CEAP se instituyeron para recibir los fondos, vía los servidores de la nación. Agregó que se apoyó a un comité escolar de Chiapas por 500 mil pesos, que se depositaron en una cuenta bancaria distinta a la registrada en la base de datos. También denunció que en 75 planteles no se aplicaron todos los recursos porque los tesoreros del CEAP los tomaron; también descubrió la adquisición de bienes no permitidos en los lineamientos. En 2021 encontró que, en el año anterior, mil 757 planteles no demostraron cómo usaron más de 573 millones, supuso que no se destinaron para mejorar condiciones de infraestructura y equipamiento.
Un reportaje de Proceso reveló que “cuando la ASF preguntó por el destino de los recursos, la dependencia (bajo el mando de Delfina Gómez) le reviró que no podía contestar, pues “los subsidios son entregados de ‘manera directa’ a las escuelas, las cuales hacen con estos recursos lo que quieren”. Metáfora para institucionalizar la impunidad.
La semana pasada comenté en el retazo de mi artículo denuncias de padres de familia por malos manejos de los CEAP en Durango y Aguascalientes. Fueron las más recientes que se hicieron públicas, pero el enojo de muchos paterfamilias viene desde la primera jornada. El efecto de esa política de entregar fondos directos con pocas reglas fue dividir a los padres de familia. En la mayoría de los CEAP hay luchas por ser presidente o tesorero, asunto que no se da en las sociedades de padres de familia.
Aunado a la opacidad, parece que la escuela no es nuestra, sino de los servidores de la nación. En un reportaje extenso en Animal Político (25/09/24), Dalila Sarabia divulgó testimonios de beneficiarios de LEEN en varios estados; la constante fue: “el papel de los servidores de la nación. Personas que no sólo han presionado y amenazado a los padres de familia para que les entreguen los recursos del programa, sino que, incluso, se han aliado con otros padres para robar el dinero”.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que ese programa, campeón de la opacidad, va a continuar. ¡No se ven perspectivas de mejora en la educación!