La política de la coacción

No obstante que el mensaje parecía cordial, el tono no lo fue. Incluso, quizá incluyó la amenaza de reciclar las protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chihuahua. El secretario general del Sindicato, Alfonso Cepeda Salas, “hizo un nuevo llamado a los gobiernos de Aguascalientes y Coahuila para que entreguen los libros de texto gratuitos y dejen en manos de los maestros las adecuaciones que se requieran, según las necesidades de cada comunidad” (Comunicado del SNTE 61-2023, 20 de octubre).

Se recordará que en Chihuahua los líderes de las secciones locales del SNTE amenazaron —y cumplieron— con un paro general si la gobernadora no entregaba los nuevos libros de texto gratuitos a las escuelas, a pesar de haber dos dictámenes judiciales que lo prohibían. La gobernadora intercedió ante los padres de familia y la organización de la sociedad civil que habían promovido los amparos para que se desistieran. La coacción funcionó. Pero parece que la capacidad de intimidación de Cepeda Salas tiene límites. Pasaron ya casi dos semanas y los líderes de Aguascalientes y Coahuila no amagan a los gobiernos locales. Algo han de hacer bien la gobernadora María Teresa Jiménez y el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, que los maestros de sus estados no corroboran las arengas del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Sin embargo, los argumentos locales son distintos. En Aguascalientes gobierna el PAN desde 2016, la rebelión contra los libros de texto fue por la vieja diatriba de grupos de derecha. El Congreso local legisló y aprobó por unanimidad el pin parental en 2020. Éste implica censura a la educación sexual y reproductiva en programas de estudio y libros de texto. Invoca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la consigna de libertad de elegir y, detrás de esos preceptos, se encuentra la moral católica ortodoxa.

En Coahuila la consideración fue distinta. El gobierno del PRI interpuso una controversia constitucional ante la SCJN. El 21 de agosto, el ministro Luis María Aguilar otorgó la suspensión para que la nueva familia de libros de texto gratuitos no fuera distribuida en el estado. Además, concedió la suspensión definitiva al amparo que la jueza del Juzgado Tercero de lo Administrativo de la CDMX confirió a la Unión Nacional de Padres de Familia para prohibir la repartición de los LTG.

El gobierno de Coahuila no abanderó el pin parental. Su argumento primordial fue el interés superior de la infancia y la adolescencia. Y, aun a sabiendas de que la Secretaría de Educación Pública interpondría recursos, le solicitó poner a disposición del gobierno estatal los libros de texto gratuitos del ciclo escolar anterior. La SEP se negó. La respuesta del gobernador fue comprar paquetes de libros de texto de secundaria que se utilizaron en el ciclo escolar anterior y adquirió cuadernos de trabajo para primaria (que hacen las funciones de libros de texto) de los programas de estudio vigentes antes de la reforma de la Cuatroté de lectura/escritura, matemáticas y otras más.

Al parecer, el magisterio de Coahuila no quedó sometido a las confusiones de sus pares en el resto del país. Los maestros trabajan con materiales que el gobierno del estado les proporcionó. Para ello recibieron capacitación, que asimilaron bien por estar construida en la lógica de la cultura normalista y prácticas históricas.

Quizá por ello, a diferencia de Chihuahua, en Coahuila no hay protestas ni movilizaciones, porque el gobierno local no distribuye los nuevos libros de texto gratuitos. Por el contrario, parece haber satisfacción entre maestros y familias. Tal vez también se deba a la persistencia cultural de los docentes.

Dos rutas que frenaron la coacción del SNTE. En Aguascalientes moral cristiana, en Coahuila, trabajo político.