Cerca de casa
Mario Delgado declaró que el proceso de asignación del Comipems es discriminatorio y que su eliminación permitirá que todos los estudiantes ingresen a bachillerato, como si el asunto fuera falta de cupo. Pero no es así.
Desmantelar una institución puede ser fácil, es una decisión política, edificar otra alternativa es complicado, más todavía si se trata de un servicio público que presta servicios a miles de familias. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la defunción de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, su secretario de Educación Pública designado, Mario Delgado Carrillo, la secundó. Es una decisión sin reflexión ni estudio previo. Se basa en las ideas de los opositores al gobierno de Ernesto Zedillo que organizaron movimientos contra la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional y siempre impugnaron la instauración de la Comipems.
Tengo la impresión de que ni Sheinbaum ni Delgado tienen cabal entendimiento de los conflictos que van a provocar. Baste recordar las manifestaciones pendencieras de quienes no ingresaban a la UNAM o al IPN, que se consideraban “rechazados”, o los organizadores de las protestas así les pusieron, porque era rentable a su ideología. Pero la realidad es que el cupo de las instalaciones determinaba cuántos solicitantes eran admitidos. En la UNAM los no aceptados duplicaban a los que lograban ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria o al Colegio de Ciencias y Humanidades. En el IPN y la Universidad Autónoma del Estado de México también había miles que no podían ser aceptados. Y eran las autoridades de esas instituciones quienes tenían que hacer frente a los problemas, no el alto funcionariado de la Secretaría de Educación Pública.
Cierto, la Comipems no fue la panacea, no resolvió los problemas de quienes no alcanzaban lugar en la institución de su preferencia, pero restó presión a las grandes instituciones de educación superior. Además, el examen único fue un alivio para las familias de clase media baja (y también las de más arriba), ya que no tenían que peregrinar por varias instituciones y pagar a cada una por el examen de admisión. La pregunta es ¿si no hay examen del Comipems, quiénes enfrentarán las demandas de “los rechazados”?
Claudia Sheinbaum argumenta con sentido preceptivo que no “tendría por qué haber una situación en donde el adolescente, desde los 15 años ya dice: pues me mandaron a la peor escuela, porque todas las escuelas deben ser igual de buenas”. Pero no lo son, hay grandes diferencias, ya por la preparación de su profesorado, la organización institucional, el grado de financiamiento y hasta la calidad de las instalaciones. En cambio, las clases medias desprecian a los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Conalep, y del Colegio de Bachilleres. Los consideran de segunda clase. Sí, desde una perspectiva ideal, casi utópica, deberían ser igual de buenas, pero el sistema educativo, no nada más la enseñanza media, reproduce las condiciones de clase social y las desigualdades del entorno, no las inventan.
Mario Delgado declaró que el proceso de asignación del Comipems es discriminatorio y que su eliminación permitirá que todos los estudiantes ingresen a bachillerato, como si el asunto fuera falta de cupo. Pero no es así. Teresa Gutiérrez, de Mexicanos Primero, señala que el problema no radica en la falta de espacios, sino en las preferencias de los estudiantes y sus familias, quienes buscan ingresar a instituciones con mayor prestigio y calidad educativa. La preferencia por las más grandes e icónicas, como la UNAM y el IPN se debe a su reputación. Eliminar el examen de la Comipems no implica que se aniquilará la discriminación, acaso se agudizará.
La virtual Presidenta electa ya tomó la decisión y dudo que cambie de opinión. Incluso apuntó que tal vez la alternativa debería ser como en Estados Unidos donde los estudiantes de básica y media asisten a la escuela más cercana. Pero no explicó que allá esos niveles dependen de los condados, no de los estados ni del gobierno federal. Además, las diferencias entre los sistemas son mayores que en México, quizá más que en cualquier otra parte del mundo.
No imagino al hijo de un abogado, que es estudioso y tiene capacidad de aprobar muy bien un examen de ingreso a la UNAM, acepte asistir al Conalep que está a la vuelta de su casa. Tampoco, que el futuro gobierno impulse una nueva institución.
