La dictadura (im)perfecta: día uno

Hoy, 2 de junio, comienza la dictadura (im)perfecta en México. El Poder Judicial, último contrapeso que quedaba ante un partido con hambre dictatorial, ha caído. Seguramente en la conferencia matutina Claudia Sheinbaum alabará el espíritu demócrata de los mexicanos y lo privilegiados que somos por ser el único país del mundo que escoge a jueces, magistrados y ministros.

Ésta ha sido la “elección” más sucia y entrampada de la historia reciente del país, orquestada por el expresidente López Obrador. Después de haber sufrido varios reveses por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió destruirla. Primero, intentando prolongar el periodo como presidente de la Corte de Arturo Zaldívar, que no procedió —más que por ser ilegal, por el revuelo que ocasionó dicha designación—. Al no lograrlo, colocó sus fichas en las instituciones encargadas de regular las elecciones y las controversias de las mismas: el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La mayoría de los mexicanos nunca hemos estado delante de un juez, pero sí ante un ministerio público cuando hemos sido asaltados o violentados, y las experiencias generalmente son terribles, de ahí que se entienda el descontento de la ciudadanía. Pero estos organismos dependen del fiscal general de la República, quien es nombrado por el Presidente, no por el Poder Judicial. ¡Qué ironía!

Para cambiar la Constitución en México se necesitan dos terceras partes de votos en ambas cámaras. En las elecciones federales del año pasado, Morena y sus aliados consiguieron el 57% de los votos, pero tanto el INE como el TEPJF le obsequiaron una sobrerrepresentación (para muchos, inconstitucional) de 73% de diputados y 63% de senadores. Aún hacía falta que tres senadores de otros partidos no participaran o votaran con el oficialismo. Y, como pasa en la política mexicana, las traiciones, chantajes y cobardías cambiaron el rumbo del país para mal, cuando tres senadores (dos postulados por el PRD y uno por el PAN) votaron a favor de la reforma judicial en una sesión fuera de la Cámara de Diputados, donde no existieron sistemas de verificación de votos ni quórum.

Aquellos interesados en postularse a la elección del Poder Judicial necesitaban cumplir con pocos requisitos: ser egresados de la licenciatura en derecho de cualquier universidad mexicana, tener ocho de promedio en sus calificaciones y algunas cartas de recomendación. La vara no estaba muy alta, pero, aun así, se bajó más: los perfiles de los candidatos serían revisados por tres comités, uno por cada Poder de la Unión: el del Ejecutivo y Legislativo —controlados por Morena— y el del Judicial —que se negó a participar, dejando el camino libre al partido oficialista—. Algunos de los candidatos finales se designaron por un proceso de tómbola (sí, como en las fiestas de pueblo) y los listados definitivos incluyeron a personas con antecedentes penales o que incluso cuentan entre sus clientes a conocidos líderes del crimen organizado y políticos corruptos.

Si usted esperaba un proceso electoral como el presidencial del año pasado, se equivocó: se habilitaron menos del 50% de casillas y se calcula hasta 90% de abstencionismo. Los votos no serán contados por los funcionarios de casilla, es decir, los mismos ciudadanos, por lo que no se exhibirán los resultados en cada centro de votación. Como ya se habrá dado cuenta, no hay resultados de conteo rápido ni PREP; los resultados finales se darán a conocer dentro de diez días. Quienes votaron, recibieron entre 6 y 13 boletas dependiendo del estado (no olvidemos que en tres estados hubo elecciones locales), con decenas de candidatos a escoger, lo que hizo que pasaran entre 10 y 30 minutos en las casillas para seleccionar a todos los representantes.

Los partidos políticos repartieron miles de acordeones ilegales imponiendo a sus seguidores y acarreados por quién votar, en casillas casi vacías. El resultado, urnas a la mitad y redes sociales inundadas de posibles ilegalidades y delitos electorales, con boletas llenadas antes de comenzar la elección, uso de documentos partidistas ordenando cuáles eran los candidatos por los que se debía votar, “observadores independientes” repartiendo los mencionados acordeones y muchas más irregularidades.

La autonomía del Poder Judicial ha terminado: los jueces ya no tendrán la necesaria y deseada independencia para garantizar la imparcialidad de sus decisiones. Esto nos impacta a todos a nivel personal y como nación a nivel internacional. La excusa para este cambio era eliminar la corrupción y nepotismo dentro Poder Judicial. Con esta reforma y elección hay grandes probabilidades de que se haya hecho todo lo contrario.