Defender la libertad

Como consecuencia de la alternancia del año 2000, ningún expresidente o exgobernador terminó en la cárcel. Perder el poder, no era perder la libertad. No había que aferrarse al cargo. 
      En 2015 esto empezó a cambiar. En dos alternancias, el nuevo gobernador había prometido en campaña meter a la cárcel a su antecesor. Ambos han hecho un esfuerzo para cumplir su promesa. Una, eficaz y con apoyo federal, Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, lo logró. Otro, con menos foco y apoyo federal, El Bronco Rodríguez, de Nuevo León, sigue tratando. En 2016 la enfermedad se propagó. Javier Duarte y Roberto Borge están en la cárcel, 
César Duarte está prófugo. Otros quizá vengan en camino.

Para los tres gobernadores cuyo sucesor fue electo el pasado domingo, el objetivo central de estos comicios era defender la libertad, la propia, es decir, no terminar en la cárcel.  Ante este riesgo, el incentivo fue hacer cualquier cosa para ganar. Ante la debilidad de nuestro caro aparato electoral, lo que vimos en estas campañas fue un regreso a los años en los que lo único no permitido para el gobierno era perder.

Sólo Eruviel parece haberlo logrado, aunque Del Mazo haya ganado con la mitad del porcentaje de votos que él obtuvo hace seis años, gracias al voto de los más pobres, menos educados, más sensibles a la coacción y con serios cuestionamientos por parte del principal derrotado, Andrés Manuel López Obrador, y de buena parte de la opinión pública. En Coahuila, la elección terminó mucho más cerrada. El recuento fue abandonado por el PAN y sus aliados por alteración en los paquetes electorales y otras anomalías. En Nayarit, con su fiscal general apresado en Estados Unidos, y enfrentando una coalición PAN-PRD, la derrota del gobernador priista era inminente.

Las elecciones en Veracruz, siendo municipales, tuvieron una dinámica distinta. Al tener lugar un año después de la elección de un gobernador, Miguel Ángel Yunes, quien estará sólo dos años en el cargo, una perversión más de Javier Duarte para tratar de tener un sucesor débil y estar por ello, eso creía él, más protegido, ganarlas era crucial para poder consolidar su poder y heredarle el cargo, en este caso literalmente, a uno de sus hijos. Si lo logra el año entrante, ya veremos si le sale más leal que a Humberto Moreira su hermano Rubén, el gobernador saliente de Coahuila. En palabras de Humberto Moreira, quien buscaba su libertad a través del fuero que da ser diputado local: “Nos robaron la elección de la manera más burda”. Algo debe saber Humberto de estas cosas.

Está por verse si los partidos de oposición, el PRI y Morena en el caso de Veracruz, el resto de ellos en las tres otras elecciones, documentaron las irregularidades. Y más aún, si el tribunal está dispuesto a imponer las sanciones que marca la ley.

El martes en su artículo de The New York Times, David Leonhardt afirmó: “La democracia no es posible sin el imperio de la ley”. Se refería a Trump. En el caso de México el argumento es cierto en dos sentidos. En uno inmediato, si las reglas del juego electoral se violan sin costo, se erosiona la credibilidad de la democracia y se vuelven más tentadoras las salidas autoritarias. En sentido más amplio, sin políticos acotados por la ley, la libertad se vuelve patrimonio de los poderosos y así no hay democracia posible.

Lo políticamente correcto es no prometer en campaña el meter al bote al gobernador que está por salir. La justicia no debe ser politizada. Es cierto. Lo malo es que ya está en manos del poder político. La impunidad reinante es en buena medida por ello. Tener poder se convirtió en manto protector contra el brazo de la ley. Los gobernadores veían a muchos de sus colegas robar y luego disfrutar sin problemas los frutos de su esfuerzo delictivo. Más de uno parecía estar compitiendo por mostrar que se podía robar mucho más de lo imaginable. Tener mucho dinero, además, sirve para poder comprar la justicia, cuando se requiera.

Con una justicia politizada y corrupta se requiere mucha voluntad política y capacidad de ejecución por parte de un gobernador para poder meter a su antecesor en la cárcel. La justicia en México difícilmente va actuar por ella misma. Que el gobernador use su poder para cumplir su promesa me parece sano para tratar de restablecer algo de la confianza del electorado, aunque lo deben hacer dentro de una ley que parece diseñada para proteger a los políticos corruptos.

Sin embargo, esto no debe terminar si logran meter en prisión a su antecesor. Se requiere que usen ese mismo poder para construir una procuración y administración de justicia independiente del control político. Ésta es la mejor forma de defender la libertad en el futuro de gobernadores que no sean corruptos y que no quieren que les inventen algo por venganza de haber roto el pacto de no tocar la libertad de los políticos. Una justicia eficaz y no politizada le daría a la ciudadanía en general mucho más bienestar que salarios rosas.

Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Twitter: @carloselizondom

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