Cuando el César no marcha…

Nadie pone en duda la capacidad del Estado para convocar a quienes, con toda la libertad y lucidez en sus convicciones políticas, asistirán a la marcha que se lleva a cabo durante la mañana de este domingo. Sería inimaginable sospechar del uso de los programas sociales para condicionar la asistencia a una de las máximas expresiones de lo que tanto gusta el actual Presidente de la República, la popularidad y el espejismo del mitin.

Tampoco, de ninguna manera, se podría dudar de las espontáneas muestras de apoyo de los servidores públicos –como los llamados servidores de la nación, quienes forman parte del programa Pilares o funcionarios que salieron a la calle a pegar carteles con la sonrisa que sólo la impunidad brinda– que decidieron apoyar esta convocatoria durante sus horarios laborales, con toda la conciencia de que podrían ser sancionados, porque esto no forma parte de aquello para lo que fueron contratados y que son remunerados con recursos públicos. Señalar todo esto son simples y perversas conjeturas, historias malévolas y artimañas mediáticas de quienes se han opuesto a la “transformación” idealizada del actual sexenio: pecadores que serán condenados por la historia y el dedo flagrante de Dios, que no perdonará este intento por engañar al pueblo bueno.

Sí, estas últimas palabras parecen una exageración gratuita, un despropósito que enturbia aún más el ya de por sí complejo ambiente que rodea la convocatoria presidencial para demostrar sus niveles de popularidad y el “músculo” corporativo frente a la marcha en apoyo al INE que se llevó a cabo hace unas semanas. Nada nuevo, pues. Tal vez lo más interesante y distinto con respecto a otras ocasiones –en las que las calles del centro de la Ciudad de México han sido el escenario de innumerables marchas de sindicatos, gremios, burócratas y beneficiarios de programas sociales que se organizaron para lanzar consignas en apoyo al presidente en turno– es la idealización de prácticas que, quienes hoy ocupan el poder a nivel federal, estatal o local, señalaban como algo que era necesario erradicar. Pero tampoco es extraño si el protagonista del actual sexenio ha consolidado el “cambio de opinión” como su mejor estrategia de gobierno. Sin embargo, existe un elemento que, a pesar de su silencio, comienza a inquietar a quienes observan la fragilidad del estado laico.

Hace un par de días, el sacerdote Alejandro Solalinde –uno de los acérrimos vindicadores de López Obrador– escribió en redes sociales, como parte de uno de sus acostumbrados panegíricos hacia el Presidente, “[…] ¡Marchemos con alegría! ¡Jesús marchará también!”. Si bien la frase puede considerarse una muy elemental forma de validar la convocatoria presidencial, sus palabras adquieren un mayor significativo cuando nos enteramos que una comisión del grupo parlamentario de Morena firmó un acuerdo con la llamada “policía celestial A.C.” con el objetivo principal de lograr “la pacificación a través de la calificación y certificación a las corporaciones policiales y las Fuerzas Armadas”, según el diputado Carlos López Guadarrama.

Basta recordar que dicha organización está vinculada con las iglesias cristianas evangélicas: en efecto, las mismas que apoyaron la estrategia de seguridad del actual gobierno cuando una parte de la iglesia católica la cuestionó, a partir del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín César Mora, ambos de la Compañía de Jesús. Y, por supuesto, iglesias que han apoyado al gobierno más “progresista” de la historia con varios de sus miembros ocupando puestos en la administración pública bajo el amparo del partido oficial, toda una luz para el mundo.

Nadie cuestiona la libertad religiosa que, en lo individual y privado, practiquen los miembros de los cuerpos de seguridad. Lo impactante es la retórica con la que se justifica la injerencia de una doctrina religiosa en la certificación de quienes deberían cumplir con un principio ético más allá de lo religioso. Si la decisión tiene como uno de sus fundamentos capacitarlos porque “la ciudadanía más que nunca necesita recuperar y tener confianza en las instituciones relacionadas la seguridad” (según las redes sociales del mencionado diputado), esto deja muy mal paradas a las academias y escuelas que tienen la obligación de capacitar a sus futuros miembros. Y, de paso, a las tajantes afirmaciones del jefe del Ejecutivo.

Parecen hechos aislados pero, en suma, se están encargando de fracturar cada vez más el Estado laico del que tanto tiempo nos hemos jactado. Ignacio Ramírez, El Nigromante, quizá tendría mucho qué discutir.