¿Y la autonomía del PJF y el INE?

Disminución del presupuesto sin la debida justificación legal, técnica ni política conforme a una democracia constitucional.

Se cumplió con los dictados del Presidente de la República para disminuir el Presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del Instituto Nacional Electoral, lo que, sin duda, afecta funciones y principios esenciales de la democracia constitucional.

No sólo se trata de la implementación de la reforma laboral, que en sí misma es trascendental (ya en otra colaboración profundizaremos al respecto), sino en la afectación presupuestaria al Poder Judicial de la Federación, cuya función esencial es el control constitucional y legal de los otros dos poderes.

En este tema nadie puede ser ingenuo ni lo es. Las unidades administrativas, como las personas, que dependen de la arbitrariedad presupuestaria de otra, carecen de autonomía, por más que se la quiera ocultar mediante declaraciones de cualquier índole.

Hace un par de años se debatió el tema sobre disminuir los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del resto de magistrados y jueces federales y, sin duda, se llegó la conclusión de que existe una protección expresa no sólo en la Constitución, sino incluso a nivel de los tratados internacionales, pues se trata de una garantía indirecta de los derechos fundamentales de los seres humanos para contar con una entidad que no se subordine a los dictados de la autoridad política administrativa ni legislativa.

Es evidente el ataque a la autonomía ante la disminución del Presupuesto de Egresos, a pesar del mensaje para evitarlo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidente del Consejo de la Judicatura (órgano administrativo responsable constitucional de plantear el presupuesto del PJF). Fue claro y contundente respecto de quién dicta las órdenes y quién tiene el poder de poderes, incluso para disminuir el Presupuesto, al supuesto otro Poder, que lo debiera controlar, y además incluso a otro baluarte del desarrollo democrático constitucional que es el INE.

No les importó a quienes obedecieron los dictados que “el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios… El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño”, de acuerdo con la Constitución Política.

Sin embargo, las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto no deben entenderse de manera discrecional y arbitraria, pues, bajo esa línea argumentativa, podríamos llegar al absurdo de disminuir el presupuesto del PJF y del INE a niveles ínfimos y, obviamente, nadie en su sano juicio podría justificar tal absurdo.

Al respecto, para evitar ese tipo de situaciones es que tal facultad debe ejercerse en forma debidamente justificada, es decir, que los diputados que aprobaron las disminuciones en el presupuesto al PJF y al INE debieron exponer debidamente sus justificaciones técnicas y a la altura del nivel político de la afectación, pues le precede a esta afectación una serie de críticas y denostaciones políticas por quien ordenó y dictó la orden de disminuir el presupuesto.

Al INE se le disminuyeron casi 5 mil millones de pesos y al PJF alrededor de 3 mil millones de pesos. Se reitera que el nivel de afectación no puede ni debe descontextualizarse de los ataques reiterados en las famosas mañaneras no sólo a las instituciones, sino incluso a niveles ofensivos directamente en contra de los integrantes de las mismas, ¿qué sigue en estos dictados?