¿Termina un ciclo?

Habríamos deseado que iniciara una etapa de verdadera transformación, en lugar de los retrocesos que padecemos.

Lamentablemente, sufrimos una mayoría legislativa ficticia que aprobó ciegamente los caprichos que se dictaron para un gobierno transexenal irracional. Hay señales preocupantes cuando se cuestiona a quién verdaderamente responderán los liderazgos en las Cámaras de Senadores y Diputados, en los gobiernos de las entidades federativas, así como en el gabinete legal y ampliado.

Ejemplo de esta situación es la implementación del mayor retroceso histórico en uno de los Poderes de la Unión, cuya función principal era garantizar la observancia de la Constitución mediante resoluciones jurisdiccionales que se debían sostener por la racionalidad.

Las decisiones del Poder Judicial no se legitiman por el voto popular; de ser así, los derechos de todos sólo estarían respaldados por el voto de la mayoría y cualquiera podría ser condenado o absuelto sólo por una decisión carente de racionalidad jurídica y que se sustente sólo en el voto popular.

A diferencia de ello, en materia penal, el principio de legalidad consiste en que una conducta sólo pude ser considerada delito cuando los elementos de la descripción legal de dicha conducta se encuentran previstos en la ley, y tales elementos no pueden ser interpretados por mayoría de razón ni por analogía, sino que debe ser aplicados de la manera más estricta posible, puesto que en ello reside la seguridad jurídica de todos frente al poder punitivo del Estado.

El poder punitivo del Estado se ejerce, en principio, por las autoridades que se encuentran en el ámbito del Poder Ejecutivo, ya sea por la policía, o incluso por una fiscalía que sigue dependiendo en la práctica por dicho poder, y ese poder punitivo se materializa en la acusación penal. No obstante lo anterior, es el Poder Judicial el que valora y controla para garantizar los derechos de todos, si la acusación penal se ajusta a la aplicación de esta ley penal.

Sólo enuncio uno de los muchos mecanismos de control que debe realizar el Poder Judicial respecto de los actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Lamentablemente, la mal llamada reforma judicial, que implicará la renovación de los jueces, requerirá horas, días y meses de desgaste de legitimidad y energía de un “nuevo” gobierno que debería comenzar un nuevo ciclo con el objetivo de una verdadera transformación en beneficio del interés nacional, en lugar de hacer realidad la venganza de una persona que se supondría habría concluido su ciclo gubernamental.

Cada día es más evidente que no estamos iniciando un nuevo ciclo, sino que se trata sólo de un continuismo, y el maquillaje de las formas no oculta lo que en verdad subyace y cada vez es más evidente.

¿Cuál será la legitimidad de nuestro país en el contexto internacional, por ejemplo, con una reforma constitucional que somete al Poder Judicial a quien dará su beneplácito para acceder al cargo de ministros, magistrados y jueces en todo el país?

Con estas reflexiones concluyo un ciclo de colaboraciones agradeciendo enormemente a esta que siento mi casa editorial, que durante más de 15 años me abrió las puertas para expresar mi opinión. Mi sincero agradecimiento a don Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, Ernesto Rivera, Pascal Beltrán del Río y Lorena Rivera.

Sin duda alguna también hago extensivo este agradecimiento a quienes se tomaron al menos unos instantes para leer las líneas que deseaban contribuir al mosaico de un país plural, multicultural, multiétnico y diverso.

Cuando comencé a participar en la vida partidista y política de nuestro país tenía la firme convicción de conjuntar esa brecha que existía entre los dos Méxicos: el de la realidad desigual, pobre en muchos sentidos, y el México que describían las leyes, en donde las personas tenían el derecho a votar, a decidir y participar en la vida pública del país, con la finalidad de construir lo público desde lo privado; sin embargo, hoy advierto que hay quienes están destruyendo las leyes para hacer un México sin derechos.