Tendrán otros datos

Tengo otros datos. Crecen violencia e inseguridad, se cancelan proyectos de inversión, se acusa a los críticos y se gobierna al margen de la ley.

Incluso, sin tener facultades legales, desde hace un año comenzó a tomar decisiones de política pública, a grado tal que el Presidente de la República en funciones parecía todo lo contrario.

Después continuó ejerciendo funciones al margen de la ley, por ejemplo, al ordenar la cancelación de una obra pública que le tomó al país procesarla en casi 20 años, para la cual se habían hecho los estudios de impacto ambiental y sobre seguridad aeroportuaria… A pesar de todo ello, mediante una consulta sin fundamento legal alguno, se dictó la decisión de construir un aeropuerto sin tener los estudios técnicos correspondientes.

La denunciada lluvia de amparos no es otra cosa que el ejercicio de los derechos que la Constitución permite, que, en cualquier democracia constitucional, es normal y que no habría impedimentos jurisdiccionales si se hubieran cumplido los requisitos legales para iniciar las obras de remodelación y ampliación del aeropuerto en Santa Lucía.

Hasta ahora no se ha presentado a la opinión pública un dictamen internacional sobre la viabilidad aeronáutica segura para que se lleve a cabo esa obra pública, la cual debió presentarse antes de iniciar la obra, no después de iniciada, como también debió presentarse el dictamen de impacto ambiental respectivo.

Y lo mismo sucede con la realización del llamado Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, puesto que no se presentaron los estudios previos que deberían haber exhibido para justificar esas obras de tales magnitudes.

Desde las conferencias “mañaneras” continúan cancelándose obras de inversión, ahora incluso autorizadas por las nuevas autoridades —como fue el caso de la exploración de pozos petroleros—, los actuales funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía.

Por otro lado, se ordenó la suspensión de la Reforma Educativa mediante un memorándum presidencial, sin fundamento legal alguno. Eso no puede ser considerado como un acto democrático si se realiza al margen de la Ley Suprema.

Se promueven reformas legales que atentan contra la división de poderes, a pesar de las supuestas buenas intenciones de eliminar los privilegios de unos cuantos. Un Estado que realiza actos violando la constitución y la ley no puede ser considerado democrático.

La piedra angular de toda democracia es el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, y la creciente violencia evidencia que las instituciones públicas civiles se encuentran rebasadas para cumplir dicha obligación. Para tal efecto, se reutilizó la estrategia que tanto se cuestionó desde la oposición, como emplear el Ejército para funciones de seguridad pública.

En plena vigencia del nuevo modelo del sistema penal acusatorio se expondrá en la seguridad pública a personal que no se encuentra capacitado para ejercer sus funciones conforme a las nuevas disposiciones legales. Esta lamentable situación no sólo arriesga a los soldados de nuestras Fuerzas Armadas con uniforme de Guardia Nacional, sino a la sociedad, cuando los detenidos salgan libres por los errores u omisiones que violenten el debido proceso o la cadena de custodia, entre otros principios legales.

Por otro lado, ahora no sólo se emplea al Ejército, vestidos con otros uniformes, para patrullar las ciudades, sino incluso para hacer el trabajo que también se cuestionó desde la oposición, me refiero a fungir como patrulla fronteriza del vecino país del norte, violando los derechos humanos de cientos de migrantes, contradiciendo los principios democráticos, sólo porque se dieron mensajes contradictorios, tales como decir que la migración se combatiría ofreciendo fuentes de empleo, sin embargo, ahora se cierra la frontera sur y se envía al Ejército para detener a esas personas que se les alentó a cruzar el país.

A un año de este “gobierno”, aún no pueden llevar a cabo la licitación de los medicamentos y su distribución en las instituciones de salud. Y la lista podría continuar, por ejemplo, en materia de decremento de creación de fuentes formales de empleo. Debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pues pareciera que sólo basta la palabra de una persona para determinar lo que es corrupto o no lo es. Sin duda alguna que todo ello no puede ser característico de un gobierno democrático, salvo que usted tenga otros datos…