Su ley y su justicia

Las autoridades electorales están obligadas a aplicar la ley, pero la interpretación y aplicación debe hacerse con justicia.

La Constitución establece en el artículo primero: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Esta disposición se estableció para ordenar a las autoridades que no sólo deben aplicar lo que estrictamente dice la letra de las leyes, puesto que las normas jurídicas también se pueden interpretar conforme a la finalidad que se persigue con dicha ley.

Entre la aplicación literal de la ley y una interpretación justa de la misma se debe aplicar la interpretación que favorece la protección más amplia de los derechos de las personas.

En el contexto del debate postelectoral, cabe recordar que uno de los derechos humanos esenciales es la representación política ante el Congreso de la Unión. Para ello se ejerció el voto popular en las pasadas elecciones.

Derivado de dicha votación, la coalición de partidos que ganaron las elecciones obtuvo el 54% de los votos. Sin embargo, el gobierno pretende la asignación de diputados por el principio de representación proporcional para los partidos políticos de la coalición gobernante de 373 diputados, es decir, que representaría el 75% de la integración de la Cámara de Diputados.

Este tipo de propuestas viola la esencia del principio de representación proporcional que se utiliza para la asignación de diputados toda vez que, evidentemente, no es proporcional asignar el 75% de diputados a quienes sólo obtuvieron el 54% de los votos.

Al respecto, valdría la pena recurrir a la historia, ésa a la que al Presidente le gusta recurrir sólo cuando le conviene.

Los diputados electos bajo el principio de representación proporcional tienen su origen en una reforma política de hace más de 50 años, cuando existía un partido hegemónico y ganaba prácticamente todas las elecciones y millones de votos emitidos por la oposición quedaban sin representación política.

Con motivo de dicha situación desproporcionada en la representación y que era insostenible ante el número de personas que tenían una preferencia política distinta a la ganadora es que se crearon los denominados diputados de partido, por el que se asignaron diputaciones a los partidos políticos que obtenían cierto porcentaje de la votación nacional.

Lo importante en este momento es destacar la finalidad de la creación de este tipo de asignación de diputaciones a partidos políticos que no habían ganado la elección de diputados por mayoría, a pesar de que, en ciertas circunscripciones electorales, tales partidos políticos obtenían una votación significativa y cuyos votos les otorgaba cierta legitimidad y representación política y, no obstante ello, era desproporcionado que anteriormente no tuvieran voz ni voto en la Cámara de Diputados.

Conforme avanzó la cultura democrática y confianza en el sistema electoral en nuestro país, la sociedad acudió a emitir más votos a favor de la oposición y se le asignaba un creciente número de diputados bajo este principio de representación proporcional. Sin embargo, el gobierno en turno estableció la denominada cláusula de gobernabilidad, que significaba que, con la simple obtención de una mayoría simple en la elección, se le podría otorgar una asignación de diputados que le garantizara una mayoría en el control de la Cámara de Diputados.

Una vez más, el avance de la cultura política en nuestro país hizo derrumbar esa sobrerrepresentación porque significaba una ficción que vulneraba los derechos de los ciudadanos, ya que el número de votos emitidos no se reflejaba en la representación política en la Cámara de Diputados.

En la actualidad, lamentablemente, una vez más, la democracia y los derechos de los ciudadanos se ve en riesgo por la posible decisión de los órganos electorales que pudieran caer en la ilegítima decisión de realizar una interpretación literal de la Constitución y otorgar una sobrerrepresentación política, que no obtuvo en las urnas, a una coalición gobernante.