Sin 4T en inseguridad pública

Dos terceras partes de la población se consideran inseguras y en el caso de las mujeres el porcentaje es mayor.

No se trata de opiniones mal intencionadas de los enemigos de la 4T, sino de los resultados del vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en la primera quincena de junio de 2019.

Podrá presumirse que se hayan cambiado los uniformes a la Policía Federal o a la Policía Militar o de la Marina, por los de la Guardia Nacional, que se vulneren los derechos de todos mediante una Ley de Extinción

 de Dominio, que se sacrifiquen chivos expiatorios, sin embargo, aún es una de las principales preocupaciones de la sociedad en nuestro país la percepción de inseguridad de la población respecto de los robos, extorsiones, chantajes, secuestros, entre muchos otros delitos.

Además de la inseguridad en que vive el país, de acuerdo con un estudio publicado por la revista Forbes México, la violencia en México generó un costo económico de 5.16 billones de pesos durante 2018, que representa 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 10 por ciento más que en 2017 y otorga, además, una perspectiva del deterioro de la paz en el país, y no hay cambio en el panorama de 2019.

El gobierno actual podrá seguir gastando en mensajes televisivos que muestran en una o cientos de reuniones a los responsables de la seguridad en nuestro país, sin embargo, ello no ha cambiado la realidad de la inseguridad.

En cuanto a las víctimas de actos de corrupción, durante el primer semestre de 2019, de acuerdo con la misma encuesta del Inegi, se estima que el 15.5 por ciento de la población tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de los cuales 47.3 por ciento declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

Quienes gobiernan a México no terminan de comprender, y actuar en consecuencia, que desde el año pasado los especialistas en economía del sector privado alertaban al Banco de México mediante consulta que

el Estado de derecho, la corrupción y el crimen habrían sido señalados, en un 51 por ciento, como principales factores que obstaculizan los negocios en nuestro país.

Urgen los resultados que reviertan la crisis de inseguridad que padecen, por ejemplo, las miles de mujeres, o incluso niñas y niños víctimas de trata, de homicidio doloso, agredidas, asaltadas o abusadas sexualmente.

Hemos escrito en este mismo espacio que el juez Giovanni Falcone, símbolo mundial de la lucha contra la mafia siciliana, expuso en cátedras impartidas en México que el crimen organizado sólo puede operar con la complicidad u omisión criminal de las autoridades responsables de combatirlas.

Ya no se puede culpar de la situación actual a las administraciones pasadas, ni tampoco a la falta de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, sino que se debe asumir la responsabilidad de la violencia que estamos padeciendo incluso en la capital del país.

El esquema que se sigue empleando para enfrentar la inseguridad está evidenciando su fracaso, puesto que los asaltos violentos suceden a plena luz del día en todas las ciudades del país.

El círculo vicioso de atribuir la responsabilidad a los demás continúa generando la crisis que padecemos. La federación responsabiliza a los gobernadores de los delitos locales, éstos a los presidentes municipales y, estos últimos a la federación, porque todos los delitos son cometidos por la delincuencia organizada, incluyendo su vinculación con el narcotráfico.

El Ejecutivo culpa a las leyes, ataca y vulnera la autonomía de los jueces atribuyéndoles la culpa de sus fracasos. Sin embargo, los resultados de la 4T los seguimos padeciendo todos.