Seguridad nacional y Santa Lucía

Se pretende imponer una decisión dictada por el gobierno eludiendo los controles jurisdiccionales.

A diferencia del Tribunal Supremo inglés, que declara ilegal y anula la suspensión del parlamento británico decretada por el jefe de gobierno.

Sólo para poner un poco de contexto internacional, el primer ministro inglés ordenó la suspensión del Parlamento Británico para impedir que intervenga en las negociaciones sobre la separación de dicho país de la Unión Europea. Esta decisión tiene implicaciones en todos los ámbitos de Inglaterra, sociales, políticas y, sin duda alguna, económicas. No obstante ello, no se utiliza un argumento como la seguridad nacional o la razón de Estado para eludir los controles jurisdiccionales a las decisiones de gobierno.

En tanto que, en nuestro país, el gobierno pretende burlar la suspensión que los jueces federales han ordenado respecto de la remodelación del aeropuerto militar de Santa Lucía para transformarlo en un aeropuerto internacional. Dicha suspensión tendría efectos hasta que se resuelva si el gobierno cumple, para realizar la obra pública, con todos los requisitos de protección del medio ambiente, de zonas arqueológicas, de viabilidad aeronáutica, entre otros, antes de gastar el dinero de todos.

El aeropuerto militar de Santa Lucía ha funcionado y sigue prestando el servicio que requiere el país en todas las operaciones militares, incluidas las del Plan DN-III, en apoyo a la población en casos de desastres, sobre todo porque la orden judicial no afecta dicha circunstancia. Sin embargo, bajo el argumento de que se trata de una instalación estratégica de seguridad nacional, se pretende que los jueces retiren la suspensión de la remodelación para el nuevo aeropuerto.

Un grupo de mexicanos valientes, a través del colectivo #NoMásDerroches, ha decidido recurrir a los medios de defensa que nos otorga la Constitución para demandar que los actos del gobierno se ajusten a la ley. Sus nombres son públicos, no se esconden tras máscara alguna ni actúan en la clandestinidad, pero, sobre todo, sus armas son argumentos jurídicos, a pesar de que el gobierno y sus seguidores pretenden desprestigiarlos utilizando sólo calificativos.

Es una característica de gobiernos al margen de la ley tomar decisiones bajo la pretendida justificación de la razón de Estado, por seguridad interior, seguridad nacional, sin que se justifique de manera racional mediante argumentos que se puedan contrastar bajo los parámetros de un Estado democrático de derecho.

Aun cuando el aeropuerto militar de Santa Lucía sea declarada una instalación estratégica de seguridad nacional, ello no justifica que las acciones que el Estado lleve a cabo ahí para remodelarlo se sustraigan de cumplir con todos los requisitos que establece la ley para garantizar la protección del medio ambiente, las zonas arqueológicas, la viabilidad aeronáutica o que resulta técnica y financieramente más viable que el aeropuerto internacional que se construiría en Texcoco, siguiendo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

El interés nacional debe ser que las decisiones gubernamentales respeten los criterios de racionalidad que justifiquen sus decisiones, conforme a un Estado democrático de derecho, no sustentados en un principio de autoridad, característico de las dictaduras.

La suspensión de la obra pública de remodelación no pone en riesgo la defensa, integridad ni la soberanía de México, toda vez que dicha suspensión no impide que las Fuerzas Armadas puedan seguir realizando el despliegue de tropas para atender cualquier problema de protección civil e, incluso, cualquier amenaza a la seguridad nacional que pudiera llegar a presentarse, tal y como lo han hecho hasta ahora.

Hasta antes de la suspensión de la remodelación para pretender construir un nuevo aeropuerto, y después de otorgada la suspensión, se han seguido realizando las maniobras militares para atender a la población en casos de desastre conforme al Plan DN-III. Ya que la suspensión otorgada por los órganos jurisdiccionales nada tiene que ver con la operación aeronáutica del aeropuerto militar de Santa Lucía.

La suspensión de la obra de remodelación del aeropuerto también tiene la finalidad de proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente.

Que la racionalidad impere en la resolución de un asunto que amenaza eludirse bajo el principio de autoridad, porque lo dice el jefe de Estado.