Respeto a la SCJN

La violencia política ya no es sólo verbal, sino ahora también gráfica. Nuevamente, condenamos la violencia contra las mujeres y, sobre todo, cuando se realiza contra quien dignamente preside la SCJN y tiene por misión garantizar los derechos de todas las personas en nuestro país.

Hace algunos días, en un mitin político promovido y encabezado por el gobierno, se agredió simbólicamente una figura de cartón que representaba a la ministra presidenta de la SCJN.

Seguimos padeciendo un discurso político que promueve y lidera expresiones de violencia en nuestro país, y alienta a quienes consideran que pueden resolver sus diferencias mediante la violencia.

Esa misma violencia se expresa en los proyectos de gobierno y en lo legislativo, toda vez que se sigue impulsando el plan B de reforma electoral, a pesar de que una parte importante de la sociedad ha manifestado públicamente su rechazo a la afectación del sistema que garantiza el libre ejercicio del voto, como uno de los principales derechos de los ciudadanos.

Sin duda, tenemos un sistema electoral que dista de ser perfecto, sin embargo, se había logrado avanzar en una gran cantidad de mecanismos legales y jurisdiccionales que garantizaban la alternancia político-partidista, incluso para que ganara el actual partido gobernante.

El retroceso que se plantea en el plan B de la reforma electoral implica no sólo la intervención de los órganos de dirección del INE, lo cual constituye la violación constitucional más evidente, sino, además, se afectan otros aspectos que, sin llegar a ser abiertamente inconstitucionales, vulneran la Ley Fundamental en el principio de equidad electoral, prevención y sanción de conductas que violan precisamente ése y otros principios constitucionales electorales.

Este análisis requiere una interpretación de la Constitución que brinde la protección más amplia de los principios constitucionales electorales frente a las injerencias ilegítimas.

Este enfoque garantista tiene raíces históricas desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en que se abandonó el esquema puramente formalista y literal de la ley en que se justificaban atrocidades.

En elecciones anteriores se cuestionaba que ciertos partidos políticos optaban por violar la ley pagando a personalidades artísticas para que promovieran el voto a favor de ellos, toda vez que la sanción económica era financieramente rentable frente a los beneficios de obtener mayores votos y financiamiento público y alianzas con el gobierno en turno.

Mediante la reciente reforma electoral o plan B, tal como hemos expuesto en este mismo espacio, se disminuyen las sanciones a conductas que afectan los principios de equidad en la contienda electoral.

En este contexto, la SCJN tendrá la misión de estar a la altura del gran reto de defender la democracia constitucional o confirmar la gran preocupación de padecer una dictadura, en la que se impone la voluntad de una sola persona en las decisiones de gobierno, legislativas y jurisdiccionales, en franca violación a la Constitución.

Lamentablemente, esta situación sería la punta de un gravísimo problema más grave, puesto que hay quienes han advertido esta debilidad institucional y, debido a ello, actúan impunemente, con las consecuencias que estamos padeciendo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Ya se emitió una reforma a la legislación que viola la Constitución y, públicamente, se presiona a ministras y ministros de la SCJN para evitar, precisamente, que en libertad ejerzan su función de impartir justicia y proteger los derechos constitucionales.

Las acusaciones que se han hecho en las conferencias mañaneras para cuestionar y poner en duda la legitimidad de la SCJN tienen la finalidad de someterla a la voluntad de quien ejerce el poder del gobierno, tal como sucedió en el pasado con otros órganos que tenían autonomía constitucional, como el propio INE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Está por definirse cómo serán recordados los actuales protagonistas de nuestro presente.