¿Quién se beneficiará ahora?

Desabastecer significa “dejar de surtir a una persona o a un pueblo de los productos necesarios o impedir que lleguen donde los esperan o necesitan, conforme al Diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, si en muchas comunidades de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, entre otras, se ha dejado de surtir adecuadamente la gasolina, sin duda alguna que hay un desabasto de dicho energético indispensable para la satisfacción de muchas necesidades sociales.

Históricamente, no se le cree al gobierno lo que dice e incluso la sociedad percibe un mensaje diferente por dicha desconfianza. Contrario a las declaraciones del gobierno de que no había desabasto de gasolina, sólo era necesario salir a la calle y recorrer algunas gasolinerías para confirmar que estaban cerradas porque ya no tenían dicho energético y en muchas otras había enormes filas de autos y un caos para atenderlas.

El actual gobierno está erosionando la confianza, que es uno de los elementos esenciales de cualquier Estado.

Primero, atacó la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, cancelando el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Lo que no sólo generó la pérdida de miles de millones de dólares, de miles de empleos, sino, sobre todo, la pérdida de la confianza de los empresarios que realizaban la obra, la desconfianza de inversionistas internacionales que creyeron en el Estado mexicano para garantizar a largo plazo su inversión para dicha construcción.

Una parte de esa deuda está siendo liquidada con un costo mayor al calculado inicialmente, pero el resto tendrá uno aún mayor, precisamente por la falta de confianza que se generó en la inversión en nuestro país.

Iniciamos el año con declaraciones del gobierno en uno y en otro sentido sobre el manejo de los ductos de Pemex, y sus consecuencias sobre el desabasto de gasolina. La desconfianza ciudadana respecto del gobierno está a la vista.

Por otro lado, en una temática similar, ayer mi estimado Leo Zuckermann, en estas mismas páginas de Excélsior, ha dado cuenta de que el gobierno envió “a un improvisado a convencer a los señores del dinero que tuvieran confianza en Pemex”; sin embargo, precisamente, su falta de preparación y desconocimiento generó lo contrario y “las consecuencias no se hicieron esperar. La recomendación de los banqueros fue vender los bonos de Pemex con el inmediato incremento en el rendimiento que tendrá que pagar la empresa”.

Expreso lo anterior, sin menoscabo de reafirmar que la sociedad, en general, desea un cambio en el que se combata la corrupción y la delincuencia; sin duda alguna que sólo los corruptos y delincuentes estarían en contra de ello. Cabe resaltar que la estrategia y las acciones que se emprendan al respecto deben tomar en consideración el menor daño posible a la sociedad que, día a día, sale a la calle a trabajar y, con enorme esfuerzo, busca el sustento para sus familias, y que no debiera verse afectada por las acciones del gobierno, además de la delincuencia y la corrupción que ya de por sí afecta a la sociedad.

Despedir en forma indiscriminada al personal en muchas dependencias federales tampoco abona a la confianza social, toda vez que no le precede un análisis mesurado y serio sobre la actividad que desempeñan, lo que aportan al servicio y las circunstancias de cada una de tales personas. Con independencia que es necesario hacer los ajustes de personal donde verdaderamente se requiera, como en los casos de aviadores, personal que es innecesario para las funciones de la institución, entre otras circunstancias que en verdad lo justifique.

Finalmente, esa desconfianza irá en aumento mientras no haya resultados concretos de la de las acciones que se han emprendido, me refiero a la judicialización de los casos. Ya que el gobierno podrá acusar del lavado de miles de millones de pesos, y del robo de miles de litros de gasolina, y seguramente habrá acciones judiciales por esos montos, pero mientras no haya casos con sentencias firmes, sólo serán acusaciones al aire que poco o nada contribuirán a generar confianza y certidumbre en el Estado de derecho.

Estas acusaciones deben sustentarse en investigaciones profesionales y apegadas al marco jurídico que brinda seguridad a todos los habitantes de este país; ya que tampoco se puede caer en el Estado que genera terror, desconfianza e inseguridad por la probable acusación a cualquiera de huachicolero o lavador de dinero.

Y sigue la pregunta, ¿quiénes se beneficiarán del supuesto ahorro que se logre con los operativos contra el robo de combustible? ¿Se bajará el precio de la gasolina o sólo se regalará el dinero?