¿Quién determina lo inmoral?

La humanidad ha derramado mucha sangre para que la ley sea la norma de conducta que deba ser impuesta por el Estado.

Cada día que pasa se descubre al individuo que pone en riesgo el avance democrático, no sólo en el ámbito electoral, sino también de las garantías de los derechos de todos, los cuales se sustentan en la ley y la Constitución.

De acuerdo con sus propias declaraciones, ya intervino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar lo que a su juicio sería una decisión inmoral, y no dudo que, precisamente, ésa haya sido su amenaza, que los denunciaría públicamente, una vez más, de inmorales.

En otro tema, ya se pronunció respecto a asuntos que le competen a órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, respecto de la fusión de dos grandes empresas. Así como de la resolución del Tribunal Federal Electoral, en el caso de las elecciones en Puebla. Por otro lado, acusa a personas con nombre y apellido de actuar en forma inmoral.

Si bien es cierto que estoy convencido del derecho de cualquier persona a expresar sus opiniones, también lo es que no debemos olvidar que ese derecho tiene límites frente a los derechos de las demás personas, y que, tratándose de las autoridades, sólo pueden hacer lo que la ley les permite.

En un Estado democrático de derecho, la autoridad sólo está facultada para promover los valores inmersos en la ley, ya que ésta es el parámetro que debe guiar su desempeño.

Desde el surgimiento del Estado de derecho clásico, la ley se erigió no sólo como norma a la que la autoridad debería limitar su poder, sino que, además, brindaba seguridad para toda la sociedad respecto de sus obligaciones y derechos.

En los países democráticos, para la creación de una ley o su reforma se sigue todo un procedimiento legislativo en el que intervienen los representantes populares, no sólo el Ejecutivo federal.

Pero, además, los legisladores deben respetar el avance de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Es por ello que, ni si quiera el legislador podría establecer lo que a su juicio considere moral, si ello va en contra de los derechos humanos.

Por ejemplo, las reformas que se llegaran a aprobar en este gobierno no pueden tener efectos retroactivos (regir hacia el pasado) que afecten los derechos humanos de las personas.

Además, en un Estado democrático existe un Poder Judicial que debe juzgar sobre la legalidad, con independencia e imparcialidad, en los casos en que la autoridad afecte los derechos de cualquier persona.

Ahora bien, si la máxima autoridad administrativa de este país va a determinar lo moral o acusar la inmoralidad y abusar del poder que le otorga el uso de los recursos del Estado, pone en riesgo el diseño institucional que garantiza a todas las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Imponer a una sociedad los valores morales de un individuo no sólo nos aleja del Estado democrático de derecho y nos acerca a esos países regidos por un líder moral que establece lo que es recto y moral, además de las sanciones, sino que, además, tiene la última palabra para resolver sobre todo y todos.

No sólo su gabinete debe cumplir con sus normas morales, sino también los hombres y mujeres libres que no formamos parte del Estado, tal como acusó recientemente.

Tal vez lo más relevante es que comienza a construirse la narrativa no oficial del legado histórico. Hay quienes comienzan a calificar a este gobierno al igual que otros, que comenzaron con el respaldo mayoritario de la población, pero que a la postre de la evaluación no superaron la valoración conforme a los criterios democráticos, y los ejemplos abundan.