¿Qué estamos discutiendo?

La materia educativa constituye la piedra angular para el desarrollo nacional en el futuro de nuestro país, sin embargo, sólo como botón de muestra, de acuerdo con los resultados de la prueba Planea (Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes), el desastre en matemáticas es más que evidente: del total de estudiantes evaluados, únicamente el 2.5% saben lo que deben saber a nivel bachillerato, a diferencia de un 85.5% del total que, a lo mucho, sabe lo que debe saber un egresado de secundaria, a pesar de que están por terminar el bachillerato. Esta evaluación se practicó a 117 mil 700 estudiantes de dos mil 319 planteles (https://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&id...).

En este sentido, sería relevante saber los compromisos reales de los candidatos, más allá de las propuestas que elaboraron sus colabores.

Por otro lado, en materia de salud pública, tal como lo hemos señalado en otras ocasiones, podemos observar el viacrucis que tienen que padecer quienes acuden a las instituciones públicas, sin demeritar la calidad de muchos de los servicios que proporcionan personal médico y de enfermería, además del sentido de responsabilidad de ellos por tratar de hacer verdaderos milagros con la escasez de recursos y el muy elevado número de personas que a diario acuden a requerir la atención médica.

La infraestructura de salud pública brinda un servicio que actúa como indicador de la calidad de vida de la población, pero que más que números sobre la cantidad de consultas proporcionadas, debe evaluarse el nivel de satisfacción de quienes reciben la prestación de esos servicios, tomando en cuenta la calidad humana que se brinda a los pacientes, tanto en el tiempo de espera, las condiciones en que se brinda el servicio, la atención misma a los pacientes por parte de personal médico, de enfermería, administrativo y de farmacias, además de las condiciones en que se encuentran los familiares de los pacientes, lo cual también incide en la calidad del servicio de salud a los habitantes de nuestro país.

En ese sentido, es relevante conocer también los compromisos reales de los candidatos para la atención de necesidades inmediatas a problemas urgentes de la población que padece estos servicios.

Finalmente, sin duda alguna que el ámbito de la seguridad pública constituye ya no un clamor, sino una emergencia nacional, en la que no hay entidad de la Federación que escape a la grave crisis que se padece sobre la desconfianza en las instituciones de seguridad pública para garantizar la vida y la integridad de la población en nuestro país.

No ha existido un diálogo propositivo, con resultados eficazmente evaluables, al más alto nivel, entre las diferentes fuerzas políticas, sobre lo que padecemos los habitantes de cualquier estrato social, en la que participe tanto la sociedad civil organizada como los especialistas en la materia.

La aprobación de algunas reformas para atender los problemas en esta materia sirve como mecanismo de legitimación de un sistema que padece el descrédito y lo único que hace es recurrir al aplauso momentáneo para salir al paso de las siguientes elecciones, sin madurar que a mediano y largo plazos siguen profundizándose las causas de la inseguridad pública.

Esto sucedió con la reciente reforma del ahora sistema penal acusatorio, que la clase política sigue sin comprometerse a fondo, involucrando a toda la sociedad en el cambio cultural que requiere, no sólo un cambio de juicio escrito a juicios orales, sino una transformación social que implica una renovación cultural de todas las instituciones involucradas en el sistema penal, pero, además, también de los medios de comunicación y de la sociedad misma.

No se trata de identificar culpables, sino de involucrar a la sociedad para que, convencida, diga “en qué contribuyo para que el sistema funcione”, y que en realidad lo hagamos todos o, al menos, la mayoría.

Frente a la burda negociación de las sobras y migajas de poder por parte de ciertos segmentos de la clase política, los ciudadanos que ejercemos nuestro derecho al voto de manera libre y consciente deberíamos sopesar las cualidades de quien representa una opción de gobierno que enfrente mejor los retos nacionales.

Más allá de las promesas demagógicas, necesitamos un compromiso genuino de cambio cultural de las instituciones que brindan un servicio al público y, de la sociedad, que se involucre en dicho cambio.