Prioridades o engaños en la 4T

Mientras la educación pública de la niñez mexicana es muy deficiente, la prioridad de los diputados 4T es quitarles recursos a los trabajadores del Poder Judicial federal.

Los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje bajo en lectura, matemáticas y ciencias. En México, sólo el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos en al menos un área (promedio OCDE: 16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia en las tres áreas (promedio OCDE:13%), de acuerdo con los últimos resultados de la prueba PISA en 2018 (https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf).

La prueba PISA es una encuesta trienal que se aplica a alumnos de 15 años que evalúa hasta qué punto han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad y se enfoca en las áreas escolares centrales de lectura, matemáticas y ciencias.

En los resultados de dicha prueba también advirtió que, del 27% de los estudiantes en México matriculados en una escuela desaventajada y el 17% de los estudiantes matriculados en una escuela aventajada, cuyo director informó que la capacidad de la misma para proporcionar instrucción se ve obstaculizada, al menos en cierta medida, por escasez de personal docente.

Adicionalmente, en nuestro país, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600 mil más están en riesgo de dejarla por diversos factores, como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia /https://www.unicef.org/mexico/educaci%C3%B3n-y-aprendizaje).

Podríamos continuar la narrativa sobre las deficiencias en materia educativa, que representa el futuro de México (además de las crisis actuales), sin embargo, lo irresponsable y condenable es que la prioridad de los diputados 4T es quitarles recursos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Legisladores del gobierno, encabezados por su coordinador en la Cámara de Diputados, aprobaron un dictamen en la Comisión de Presupuesto en el cual se eliminan 14 fideicomisos con recursos destinados a cubrir prestaciones de los trabajadores, además de diversas obligaciones encomendadas al Poder Judicial federal, como la reforma laboral o el sistema de justicia penal acusatorio.

En realidad, una vez más, estamos ante un escenario de distracción de los temas verdaderamente relevantes, puesto que, mientras la mitad de los niños y niñas de 6º de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación y sólo 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria, la 4T pretende hacernos creer que le preocupa atacar un problema de recursos económicos en el Poder Judicial federal.

El discurso oficial es que pretende “recuperar” 15 mil 450 millones de pesos, pero no se establece como prioridad pública el fraude en Segalmex por más de 9 mil 500 millones de pesos, que fue un organismo creado para sustituir la Conasupo, organismo destinado principalmente a atender la pobreza en el país. Tampoco se aborda como prioridad esclarecer los recursos destinados al desaparecido Insabi, que fue el organismo creado para dar los servicios de salud a los mexicanos, de acuerdo con el Presidente de la República, como los de Dinamarca. Mucho menos tampoco se aborda como prioridad explicar los miles de millones de pesos que se pierden pagando una deuda con motivo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, y la lista podría continuar.

El gobierno sigue golpeando mediáticamente instituciones que, lamentablemente, tienen baja popularidad entre la población e, incluso, se alimentan los prejuicios fuertemente arraigados en la misma, con la finalidad de distraer sobre lo verdaderamente catastrófico de los resultados de este desgobierno y la estrategia electoral de comprar votos aprovechándose de la pobreza, chantajeando empresarios y cooptando a quien le garantice ganar las elecciones.