Preparando el cambio

La fortaleza de la democracia radica en la capacidad de información, organización y movilización de la sociedad civil.

Es de sobra conocido que la estrategia mediática de las conferencias de prensa mañaneras en las que se desvía la atención y la opinión pública de los temas que verdaderamente afectan a la mayoría de la sociedad mexicana y que son las funciones esenciales del Estado y, en particular, del Ejecutivo Federal: seguridad pública, educación pública, salud pública, además de generar condiciones propicias para el desarrollo económico y sociocultural del país.

Persiste un gran porcentaje de la población con una percepción negativa de la inseguridad pública en nuestro país1. No ha cambiado el calvario de acudir a las instancias policiacas o ministeriales federales a denunciar un hecho delictivo o que se solicite que se le garantice el ejercicio o la protección de sus derechos.

No hay mecanismos de supervisión ciudadana externos sobre las funciones en materia policial o ministerial federales que garanticen elevar los niveles de eficiencia y calidad en el servicio y que redunden en la confianza y percepción ciudadana de seguridad pública.

Cabe destacar que no se cambia la percepción de inseguridad acusando mediáticamente a las o los jueces del Poder Judicial Federal. Es inaceptable en un régimen democrático este tipo de acciones que únicamente contribuyen a erosionar la credibilidad, de por sí débil, en las instituciones públicas.

El pasado 20 de enero, desde Palacio Nacional se acusaba a una jueza de liberar a un propietario de un predio en el que se detectó la extracción ilícita de gasolina. Se utiliza a los medios de comunicación para desviar la atención de la verdadera responsabilidad de investigar los delitos con profesionalismo y no sólo denunciar con presunciones.

Si el gobierno federal no está de acuerdo con la resolución judicial tiene a su disposición el medio de impugnación con pruebas y argumentos para controvertir la resolución y debe ser resuelto por el órgano jurisdiccional conforme a la ley, no mediante chantajes y amenazas mediáticas desde el poder, ni mucho menos desacreditar al Poder Judicial en general.

Sin duda alguna que sí existen elementos para iniciar una investigación penal o una denuncia ante el Consejo de la Judicatura que se realice, sin que ello forme parte de una denuncia mediática que pretende generar un desprestigio de la función jurisdiccional o una confrontación con otro de los poderes de la unión.

Los jueces ejercen su función mediante sus resoluciones, no tienen acceso cotidiano a los medios masivos de comunicación, ni es recomendable que se genere un debate mediático sobre una función de esta naturaleza. No es propio de una democracia constitucional, sino de una República bananera (sin ánimo de estigmatizar a ningún país en particular).

Los derechos fundamentales de todas las personas se encuentran garantizados frente al ejercicio del poder público por el Poder Judicial, y sobre todo del federal, toda vez que ejercen el medio de control constitucional por excelencia que es el juicio de amparo.

No obstante ello, es importantísimo que la sociedad advierta y denuncie que este tipo de conductas no son propias de un jefe de Estado respetuoso del orden constitucional democrático, puesto que además erosiona la confianza y credibilidad que los jueces deben tener para beneficio de todos nuestros derechos, principalmente, reitero, frente a los abusos del poder mismo.

La sociedad civil deberá asumir la responsabilidad de informar y concientizar a la sociedad de lo que verdaderamente está sucediendo en el país para prepararla para ejercer de la mejor manera posible el mayor derecho de la sociedad: el derecho al voto.

1 Noticia - Encuesta Nacional de Seguridad

Pública Urbana (inegi.org.mx).