Poder absoluto, corrupción absoluta

Se propone tener un poder presidencial sin control alguno.

Sin duda alguna que no existe en el mundo un sistema político perfecto, pero sí se tienen mecanismos de control político, jurisdiccional, técnico e incluso internacional que los acerca o aleja de la democracia o el autoritarismo, al respecto, es bien sabido que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Los dictadores y autoritarios intentan justificar su poder ilimitado bajo el argumento que cualquiera que se opone a sus decisiones atenta contra intereses superiores, ya sea “el orden público, el interés público, el pueblo o el interés nacional, la seguridad pública o la seguridad nacional”.

A pesar de que las ciencias políticas, jurídicas, la sociología política, incluso la filosofía política no se ponen de acuerdo sobre una definición precisa y uniforme para todos esos conceptos; sin embargo, esos conceptos tienen una connotación que genera, en principio, un cierto consenso social para justificar ciertas decisiones gubernamentales.

Lamentablemente, los dictadores y los autócratas definen, sin mecanismos de control, el contenido de tales conceptos para su conveniencia y toman decisiones políticas de gran afectación, en función de lo que ellos determinan que es “el orden público, interés público, el pueblo o el interés nacional, la seguridad pública o la seguridad nacional”.

La historia nos ha enseñado cómo los dictadores y autócratas afectan a millones de personas e, incluso, a generaciones, bajo las pretendidas justificaciones de los conceptos antes referidos, además acusan de traidores a la patria, al pueblo, a la nación, al orden público o también acusan de delincuentes a todos aquellos que les señalan sus errores, equivocaciones técnicas, ilegalidades, injusticias, e incluso atrocidades por violentar los principios y valores humanitarios.

En el actual sexenio existen varios ejemplos del uso indiscriminado de tales conceptos: se remodeló un aeropuerto (el AIFA), se canceló el que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y, debido a que no se han podido recuperar los títulos de deuda internacional, aún no se pueden calcular los miles de millones que ambas decisiones han tenido para el erario, sin que en ninguno de los casos se pudiera justificar que se corría un verdadero peligro para la seguridad nacional y, sin embargo, esos fueron los argumentos que se esgrimieron ante los órganos jurisdiccionales y la defensa mediática en su construcción y para ocultar la información gubernamental.

Otro ejemplo: la refinería de Dos Bocas no se terminará de construir completamente en este sexenio y aún no se puede calcular el verdadero excedente de lo que costará para el erario, pues constantemente se actualiza el costo, además de la ineficacia de la obra en el contexto de la capacidad que ya tenía el país en materia de refinación, del inminente cambio energético mundial, de los señalamientos técnico-económicos, e incluso después, con la compra de la refinería en el vecino país del norte. Todo ello para recuperar “la soberanía energética del país”, un concepto que sólo sirve de pretexto para eludir mecanismos de control y rendición de cuentas.

Las propuestas para eliminar a los órganos autónomos constitucionales que se han venido anunciando tienen la finalidad, por un lado, de contribuir a un debate propio de democracias de papel, de repúblicas bananeras, puesto que los debates deberían tener un sentido progresivo, no regresivo.

Se eliminó la reforma educativa y eliminó el órgano autónomo responsable de la calidad educativa y la última prueba PISA evidenció la regresión profunda en esta materia.

Hoy sabemos que se requiere de órganos autónomos que obliguen a las autoridades administrativas a transparentar la información pública gubernamental, porque el poder tiende a eludir los mecanismos de control, y la transparencia es un mecanismo de control vinculado directamente con la legitimidad de cualquier gobierno.

Nuestra incipiente democracia enfrenta uno de sus mayores riesgos de regresión.